La última encuesta sobre el Estado del Derecho del Proyecto de Justicia Mundial (World Justice Project, WJP) alerta sobre un proceso de debilitamiento en la percepción que tienen los colombianos con relación a las instituciones democráticas de nuestro país y que debe corregirse con prontitud para evitar que retrocedamos a los tiempos en los que se llegó a decir que éramos un estado fallido.

Esta encuesta, que se publica de forma periódica desde 2008, hace un análisis pormenorizado de los problemas y desafíos en distintas disciplinas y regiones de lo que denominan “el imperio de la ley”, con el fin de adelantar acciones colaborativas que lo fortalezcan.

WJP menciona como aspectos negativos que la opinión favorable sobre las libertades de participación política asociada a espacios como reuniones comunitarias cayó de 78% a 70% entre 2018 y 2022 y que tan solo 27% de los colombianos cree que los funcionarios son elegidos a través de un proceso limpio (35% en 2018).

Dice que la posibilidad de que organizaciones de sociedad civil puedan expresar su descontento al gobierno nacional se deterioró de 48% a 39% y que la sensación de libertad de los periodistas de expresar opiniones contra el gobierno, sin miedo a la retaliación, se redujo desde 53% a 44%.

Afirma que 74% opina que los altos cargos del gobierno atacan o intentan desacreditar a los medios de comunicación y a las organizaciones de la sociedad civil que les critican; que 71% cree que se ataca o intenta desacreditar a los partidos de la oposición, al sistema electoral y otros órganos de control.

Si bien la confianza en las instituciones en Colombia es generalmente más alta frente a los demás países andinos, la percepción de confianza ha disminuido en los últimos tiempos, con excepción de la confianza en los funcionarios regionales, que pasó de 26% a 28%.

El informe indica que 29% de los colombianos experimentó al menos un delito en 2022, lo cual sobresale como un nivel inferior al 34% entre los países andinos. El 58% de esos colombianos no denunció a las autoridades principalmente por razones como que eso no ayudaría (40%), barreras administrativas (21%), miedo o vergüenza (19%) o falta de confianza en la policía (13%). Solo el 36% de los colombianos encuestados afirmaron sentirse seguros en su vecindario. Y también señalan que la necesidad de pagar sobornos aumentó, particularmente a la hora solicitar prestaciones o ayudas públicas.

Respecto a América Latina y el Caribe, el informe señala que la mayoría de la población opina que los gobiernos utilizan la desinformación para moldear la opinión pública a su favor, desacreditan a la prensa y a las organizaciones de la sociedad civil, intentan debilitar los controles y desacreditar al poder judicial y al sistema electoral. Sobre los parlamentarios opinan que la mayoría, si no todos, son corruptos.

¿Qué podemos hacer para recuperar la credibilidad de las instituciones? Lo primero debe ser crear mecanismos de participación para que los ciudadanos se sientan mejor representados, que dejemos el Twitter y el monólogo y nos enfoquemos en la concertación y acciones conjuntas, que los electores exijan que sus elegidos trabajen por un desarrollo sostenible que garantice que los beneficios del Estado lleguen a todos los colombianos.