Lo público es de todos y debemos protegerlo, cuidarlo. Parece obvio, pero no aplica en nuestro país donde el problema es que el bien público es de nadie. Tenemos que aprender mucho de los anglosajones para quienes cada dólar del erario, cada libra del tesoro de la Nación es sagrado, debe ser bien gastado y justificado. Para no ir muy lejos, Uruguay ha sido pionero en la implementación del presupuesto participativo para que los ciudadanos participen en las asignaciones e identifiquen las prioridades, lo cual ha consolidado su democracia y bienestar social.

En las naciones donde prima el bien público y hay conciencia de su valor repercute en una amplia democracia participativa, así como en los valores y los principios que las definen, sus instituciones son más sólidas, la voz de los ciudadanos más clara y activa y la noción de pertenencia más interiorizada.
Defender el patrimonio de todos, desde cuidar un parque, una biblioteca, un colegio, un centro de salud o una simple vía crea una sinergia ciudadana que se impone sobre los intereses individuales y construye redes solidarias que refuerzan y garantizan el bien común.

En Colombia ese interés público es casi inexistente y eso nos impide contar con un propósito común que defienda lo construido, nos desconecta de nuestro entorno, refuerza las causas de la pobreza, abre las puertas a la corrupción y transforma en norma frases tan desafortunadas como “‘sálvese quien pueda”, “el que no llora no mama”, “el vivo vive del bobo” y otras tan comunes que ya hacen parte de nuestra comunicación cotidiana.

Nuestros nuevos líderes deben comenzar a trabajar por un cambio cultural que promueva un mayor sentido de pertenencia y responsabilidad hacia el entorno común, con una educación cívica temprana, servicio voluntariado comunitario, campañas de sensibilización y concienciación, modelos de liderazgo positivo e incentivos.

Es así como fortaleceremos las instituciones democráticas que hoy sufren de desprestigio, es así como podremos garantizar la independencia del poder judicial, el respeto a la separación de poderes y la protección de los derechos civiles y políticos. Esto contribuye a generar confianza en el sistema democrático y en las instituciones del Estado, lo que a su vez promueve una mayor participación ciudadana.

Las democracias, como la vida misma, necesitan de la ilusión de un nuevo comienzo, una renovación de esperanzas, que surjan nuevas voces para los viejos sueños, nuevos protagonistas para reversar el desencanto. Necesitamos crear ese propósito en cada uno e inducir a la apropiación de los bienes públicos para que nuestras naciones tengan, fe, esperanza y certidumbre, para que puedan reinventarse y ser apropiadas por los ciudadanos.

La ilusión de un nuevo comienzo, una renovación de esperanzas es esencial para mantener viva la llama de la participación ciudadana, que permita el cuidado y defensa de los bienes públicos y la fe en las instituciones democráticas.

A los colombianos nos urge retomar la confianza, restaurar la fe en la democracia, comenzando por recuperar el amor por el bien público, cambiar esa idea peregrina de que los asuntos de la comunidad no son los nuestros, que lo mal invertido es porque así son los políticos, que la desidia administrativa es un estilo y no una grave omisión que atrasa y empobrece.