Es casi unánime entre los analistas financieros el rechazo al llamado proyecto de ley “Borrón y cuenta nueva” que tramita el Congreso y que propone una amnistía general a los reportados en las centrales de riesgo. El sector privado, los gremios y los expertos económicos consideran que tendrá consecuencias inversas a las pretendidas y que en lugar de ampliar el acceso al crédito lo que va a hacer es encarecerlo y restringirlo, con especial ensañamiento contra las clases menos favorecidas que en este momento sufren con mayor rigor los efectos de la pandemia.

También hay consenso en que esa ley se aprobará en el Congreso (en cualquier momento) y frente a esa posibilidad de pronto la discusión debería darse en el sentido de cómo evitar un mal mayor, que es borrar una información de altísimo valor que permite reducir la asimetría entre el que presta y el que solicita un crédito, mejorar lo que tenemos sin destruir un mecanismo eficiente y seguro construido durante años, que da seguridad y cuyo desempeño es referente internacional, según las calificaciones del Banco Mundial.

Los senadores autores del proyecto aseguran que se trata de darle una segunda oportunidad a los colombianos que alguna vez tuvieron dificultades de pago, que solo aplicaría para aquellos que en un periodo de 12 meses se pongan al día, que en estas circunstancias de pandemia es necesario que todos tengan acceso al crédito y reabrir la puerta a quienes dependen del gota a gota, dinero rápido, sin garantías ni avales, a devolver en cuotas muy pequeñas, pero con intereses altísimos y que al final empobrecen y estimulan el agiotismo y la delincuencia.

Los ponentes afirman que la ley incentivará la competencia, que los intereses bajarán y obligarán a los bancos a reducir sus tasas altas “abusivas y discriminatorias” y afirman que sucederá lo mismo que cuando se aprobó la ley de Habeas Data en 2008, que tuvo efectos positivos en las tasas, con un incremento de 17% (de 3% a 3,5%) en el microcrédito.

Los opositores a la medida rechazan todos esos argumentos y tienen claro y bien sustentadas las razones nocivas del proyecto, que califican como una involución, que al final menos personas tendrán posibilidades de acceder al crédito y que este será cada vez más costoso, que las entidades crediticias tendrán que pagar mucho más por esa información y eso subirá las tasas e imposibilitará los desembolsos de bajo monto.

Lo complejo de la situación es que no parece haber término medio posible, aunque ciertamente algo debería poderse hacer en las últimas instancias, como mantener la información de las centrales de riesgo y apoyarse en la tecnología para revisar los casos especiales, o hacer algunos ajustes para los casos de denuncias por suplantación o fraude que tardan años en trámite y pueden quedar resueltas con el cambio de la palabra comunicación por notificación, como lo indica el proyecto de Ley.

Es importante, por ejemplo, mantener la información de los buenos deudores, los que pagan a tiempo y tienen una hoja financiera intachable y quienes por cuenta de esa ley quedarían en las mismas condiciones de los morosos. Según los expertos, el 92% de los que asumen créditos pagan sus obligaciones.
Quizá debería haber una apertura al diálogo y buscar algunos puntos intermedios para evitar el mal mayor que es la pérdida de la información disponible, que es fundamental para la salud financiera del país, necesaria para todos e irreemplazable.