La mejor reforma tributaria sería aquella que lograra que todos los ciudadanos pagaran sus impuestos y que el estado tuviera los mecanismos de control y eficiencia para recaudarlos bien y, sobre todo, gastarlos mejor.
Pero no, acudimos siempre al capital productivo, y casi a modo de reclamo por el simple hecho de que crean riqueza, cuando la lógica dicta que todos tenemos que aportar según nuestras actividades. Y deberíamos hacerlo con disciplina y absoluta convicción.

Y no es que los colombianos paguemos pocos impuestos, es que el sistema perverso que tenemos hace que sean pocos los que lo hagan, mientras se tolera y se convive con una economía subterránea de informalidad e ilegalidad enquistada en las arterias del flujo económico de la nación, sin que hasta el momento el estado haya sido capaz de afrontarlo con la debida contundencia.

Si el estado no puede imponer la legalidad, siempre será más fácil ir detrás de las ganancias de los formales, de los que producen, crean empleo y pagan sus obligaciones. Y si a lo anterior se suman los continuos cambios a las reglas del juego, el resultado será más incertidumbre y desconfianza para cualquiera que pretenda establecerse formalmente en nuestro país.

Y tampoco se trata de compararnos con otros países, porque allá pagan más o porque roban menos. De lo que se trata es que el sistema funcione y para que funcione y no tengamos que quitarle siempre a los mismos, afectar la reinversión y el ahorro, reducir las posibilidades laborales y construir proactivamente un aparato productivo que contribuya del desarrollo sostenible, habrá que garantizar, al menos, que se mantenga un equilibrio adecuado entre ajustar el ingreso público y afectar la viabilidad de las empresas y la estabilidad de las personas naturales, su ahorro y su capacidad de consumo.

No existe todavía un cómo se invertirán los próximos presupuestos, ni tampoco cuáles serán las acciones para garantizar la estabilidad de la relación deuda pública/PIB, pero sí cuánto se quiere recaudar y de dónde sacar y por lo que se conoce no quedará títere con cabeza de las personas que pagan impuestos, desde el asalariado que verá muchos productos de la canasta familiar más costosos, hasta los inversionistas extranjeros que tienen en remojo sus planes en Colombia.

Considerando los distintos análisis publicados, la tasa efectiva de tributación de las empresas puede llegar a 60% de utilidades, limitando la posibilidad de inversión productiva y la anhelada reindustrialización que promueve el mismo Gobierno. Otro punto importante es el desestímulo al ahorro -una actividad esencial para el desarrollo- al establecer gastos no exentos, incremento de ganancias ocasionales, alza en tasas impuesto a la renta de hogares y gravámenes a pensiones altas, como menciona el profesor de la Universidad de los Andes, Sergio Clavijo.

Y es imperativo que la reforma tributaria tenga un amplio debate, que permita participar a los distintos estamentos sociales, incluyendo a los empresarios, quienes pueden aportar su experiencia y conocimiento de tantas reformas coyunturales que han tenido resultados efímeros. El sector privado y las personas naturales aportantes son conscientes de que se necesitan recursos, todos están dispuestos a contribuir, pero es apenas justo y sensato mantener un equilibrio para no afectar la viabilidad colectiva. Como está planteada la reforma, es un gran desestímulo a todo.