Las acciones para contrarrestar el cambio climático requieren primero de una transición que debe integrar a todos los estamentos, entendiendo las necesidades y limitaciones para su implementación y asegurar un círculo virtuoso que aporte al crecimiento y evitar que juegue en contra de sí mismo.

Para lograrlo, son indispensables cinco variables: integración, capacidades, regulación, financiamiento y el consumidor.

Se trata de integrar a todos los actores en función de una economía circular, desde la forma en que producimos nuestros alimentos, diseñamos nuestras ciudades, financiamos nuestras economías, comerciamos a nivel global o educamos a nuestros ciudadanos, por ejemplo.

Entender que, en países como Colombia, donde 91% del sector empresarial corresponde a microempresarios y solo 15% es formal, asumir los cambios, aunque necesarios, resultan en responsabilidades y costos difíciles de cumplir.

Se requieren políticas que ayuden a un desarrollo sostenible con crecimiento económico, de regulaciones graduales con objetivos claros. Guiar, educar antes de regular. Normas que inviten hacer el cambio, que tengan transición y acompañamiento, normas que premien o beneficien con financiación e incentivos que permitan su viabilidad.

La demanda del consumidor y las expectativas de los inversores son un poderoso motivador. La comunicación transparente (a través del etiquetado ecológico o informes de sostenibilidad) permitirá a los consumidores tomar decisiones informadas y ayudará a las empresas a mejorar su reputación.

Si bien es crucial no escatimar esfuerzos en abordar la crisis ambiental global, hacerlo en detrimento del desarrollo económico es contraproducente. El crecimiento económico ha sido la vía más efectiva para garantizar bienestar, educación, seguridad y justicia.

La falta de viabilidad en los procesos productivos incrementa la ilegalidad y obstaculiza la protección ambiental. Esto quedó demostrado con el paro de las comunidades mineras en ocho departamentos desatado en la última semana de octubre, que bloqueó carreteras y causó pérdidas económicas significativas como respuesta al Decreto 044, el cual, al limitar las actividades mineras, ha generado incertidumbre y resistencia social.

La minería es un componente esencial para el desarrollo de infraestructura, telecomunicaciones y hasta de la transición energética. Las restricciones inconsultas sobre este sector no solo afectan la inversión, que se encuentra en su nivel más bajo desde 1950, sino que además favorecen la proliferación de actividades ilegales. Mientras la minería ilícita y la tala ilegal aumentan, la explotación legal, que conlleva obligaciones ambientales, se ve restringida, lo que desencadena un impacto negativo sobre el medio ambiente y la economía.

El nuevo Decreto 1275-24 sobre la Autoridad Ambiental Indígena plantea desafíos adicionales. Aunque busca fortalecer la gestión ambiental en territorios indígenas, su falta de claridad puede tener efectos adversos sobre actividades productivas fuera de sus jurisdicciones, impactando proyectos de interés nacional, como líneas de transmisión y generación de energía limpia, entre otras.

¿A qué estamos jugando? Lo que es cierto es que no podemos jugar con el crecimiento de una nación que lo que más necesita en este momento es crecer y garantizar un futuro para todos.