El mayor desafío para cualquier nuevo gobernante surge de la necesidad de tener políticas de largo plazo y de gran alcance, combinadas con victorias tempranas de impacto inmediato que contribuyan a los grandes objetivos. La diferencia para el éxito suele estar en la capacidad para priorizar, planificar y delegar.

Los ciudadanos necesitan ver resultados rápidos, tangibles y positivos para mantener su confianza en la administración pública y no hay otra mejor forma de hacerlo que asegurando un entorno económico propicio para el desarrollo, el empleo, la generación de oportunidades y la justicia social, lo cual tiene que ver con un marco normativo que garantice la libre empresa, los derechos individuales, el emprendimiento, la competitividad y el acceso a los mercados.

La eterna dialéctica entre lo urgente y lo importante que atormenta a los líderes mundiales obliga a las administraciones públicas a sobrevivir en el día a día, con asuntos prioritarios que reciben de unos y heredan a otros y que se acumulan con el tiempo.

De lo urgente saben mucho los altos funcionarios de los gobiernos, conocen de antemano que muchas promesas de campaña que parecen buenas propuestas para los males nacionales terminan diluidas con el tiempo. Por eso sería indispensable que los gobiernos trabajen en los dos frentes, en el corto y el largo plazo, y que los gobernantes procuren mantener esa doble visión para que los problemas rutinarios no minen los grandes propósitos.

Ponderar y equilibrar el corto y el largo plazo, saber moverse dentro de las prioridades, permite a los gobiernos llevar una política de Estado más responsable y consecuente, a lo cual debe sumarse un gasto público eficiente, una recaudación sin fisuras, con férreo control al contrabando, a la piratería y la corrupción, madres de la informalidad y el subdesarrollo.

En el corto plazo no hay duda de que se requieren acciones inmediatas que den respuesta a lo urgente como es poder llevar recursos a los bolsillos de los colombianos, empleo, oportunidades y una gestión acertada para la inflación y el descontento social.

También es importante propiciar la paz y la cohesión social, establecer mínimos acuerdos nacionales bajo la consigna del respeto para lograr reenfocar nuestras agendas en el desarrollo de reformas políticas coherentes que conlleven equidad e inclusión.

Los cambios demandarán sacrificios para todos los colombianos y un mayor esfuerzo desde el sector privado, principal proveedor de recursos, por lo cual la empresa necesita facilidades y apoyo que ofrezcan condiciones para la inversión productiva y así mejorar la competitividad, factores decisivos para sacar adelante al país.

Los espacios para la inclusión y la equidad deben surgir de políticas adecuadas, fundamentadas en los valores colectivos y sin discriminaciones. Y para todo ello los gobiernos necesitan de un sector privado vigoroso y participativo.

En dos semanas tendremos la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia con dos propuestas distintas, pero que proponen un cambio, un cambio que quieren y necesitan los colombianos y ese cambio debe reflejarse en políticas de gobierno ejecutables, sensatas, que fortalezcan la democracia y sus instituciones y a la vez garanticen la estabilidad económica, la seguridad jurídica y el fortalecimiento democrático para más allá de los próximos cuatro años.