En Colombia nos gusta invocar fantasmas, volver a temas que una y otra vez se repiten, sin el contenido y contexto adecuado, y que suenan bien. Uno de esos fantasmas se revivió el pasado miércoles cuando fue aprobado en primer debate, en Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, el proyecto de Ley 282 de 2021.

Este proyecto busca crear una comisión de expertos, de diferentes sectores, que tendría el propósito de evaluar “los impactos negativos o positivos para la economía y producción nacional en la implementación de los TLC” y presentará recomendaciones para revisar los términos de la negociación.

Si bien es cierto que el proyecto tiene una intención aparentemente loable, como lo es fortalecer los canales de diálogo social sobre la implementación de políticas públicas, el proyecto no propone nada nuevo, intenta crear espacios ya creados, pero que por uno u otro motivo no parecen suficientes para algunos sectores interesados.
Llama también la atención que este tipo de iniciativas adquieran tracción en medio de una carrera presidencial. Elemento que se suma con lo innecesario que resulta el proyecto de ley en un escenario en el que ya los mecanismos de diálogo existen.

No es fácil explicar los beneficios y dificultades, las coyunturas históricas y la evolución de los TLC en una columna de opinión, pero no es blanco o negro, es como una inversión segura de mediano plazo, sin embargo, sí me gustaría referirme a un sector en específico que es el preferido de los enemigos de los TLC: el sector agrícola. En 2012, año de la firma del acuerdo, las exportaciones de productos agrícolas ascendían a US$ 2.257,2 millones, mientras que en 2021 llegamos a US$ 3.448,7 millones gracias a un esfuerzo progresivo para lograr la admisibilidad y la búsqueda de mercados. Según un análisis prospectivo de AmCham Colombia, de mantenerse las condiciones solo para el sector agroindustrial, las exportaciones deberán crecer por lo menos 250%. Sin embargo, podemos crecer muchas veces más y convertirnos en unos proveedores de primer nivel si avanzamos en los obstáculos y nos ponemos al día con las normas de calidad, que son obsoletas. El presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), Jorge Enrique Bedoya, señala como algunos de los principales aspectos los siguientes:

1. Dotación de bienes públicos rurales, pero de verdad. Carreteras terciarias, conectividad digital, educación para la tecnificación, seguro climático y mayor acceso a crédito agropecuario).

2. Seguridad en el territorio y seguridad jurídica para la inversión (propiedad de la tierra, estabilidad en régimen tributario, acceso a titulación).

3. Régimen laboral propio que incentive contratación de mano de obra pues nos estamos quedando cortos.

4. Estado eficiente/entidades públicas con presupuesto y personal idóneo.

Es sobre eso que deben legislar nuestros nuevos congresistas, construir sobre lo construido, ignorar los cantos de sirena, contribuir a la consolidación de acceso al mayor mercado del mundo, justo cuando hemos logrado pasar el camino más pantanoso.