La inmensidad del territorio colombiano, sus espectaculares selvas y sus enormes cordilleras, han hecho que su privilegiada biodiversidad haya quedado a merced de los grupos armados, de la minería ilegal, de la ganadería indiscriminada y la proliferación de los cultivos ilícitos.

Pero hoy estamos frente a la oportunidad histórica de recuperar el control de esa riqueza con desarrollo planificado. Hoy tenemos dos herramientas que pueden ser determinantes, pero que necesitan el compromiso decidido del sector privado: obras por impuestos y turismo. Y en ese filtro de prioridades el primer paso debe ser la protección de la riqueza natural mediante el desarrollo equilibrado entre lo social, lo económico y lo medioambiental.

Tenemos como ventaja el hecho de que ya se establecieron y demarcaron 59 parques naturales, con su respectivo marco normativo y las disposiciones reglamentarias para su gestión, pero urge un pensamiento nacional más allá de las áreas demarcadas y una determinación de Estado que especifique qué tenemos, cómo protegerlas y cómo aprovecharlas.

Según el Observatorio de Drogas de Colombia, en 2017 34% de los cultivos de coca (117.000 hectáreas) fue plantado en áreas que en 2014 solían ser bosques; 5% (8.301 hectáreas) está dentro de los parques y 27% se localiza a menos de 20 kilómetros de estos. Un crecimiento de 4% más que en 2016. 16 de 59 parques tienen coca en su interior (27%) y 16 concentran 5% de la deforestación. Fueron arrasadas 220.000 hectáreas de bosque natural el año pasado y apenas 40 funcionarios monitorean más de un millón de hectáreas.

Necesitamos ganar fortalezas para no perder terreno ni ceder espacios a la ilegalidad que se alimenta de la debilidad institucional. Hay que pensar en grande: Colombia tiene una oportunidad de oro en este momento. Nuestro turismo crece a más de 30%, al tiempo que la tendencia mundial se direcciona a las experiencias basadas en el turismo de naturaleza. Somos el país de naturaleza, el más biodiverso por kilómetro cuadrado. Es el momento del ecoturismo.

Y se requiere de un Ministerio del Turismo: hoy tenemos más de seis millones de turistas llegando a nuestro país y se espera que para 2022 tengamos 10 millones. Nos faltan herramientas para gestionar las oportunidades y afrontar la informalidad, la ilegalidad, adecuar las normas, velar por el cumplimiento y acompañar a los territorios.

El turismo necesita coordinación entre todas las entidades que hacen injerencia en su desarrollo, alinear los conceptos y las apuestas: tenemos que empezar por ponernos de acuerdo sobre qué significa sostenibilidad. Un primer paso es cambiar la colcha de retazos de la Ley del Turismo por una renovada legislación que integre los conceptos, defina con mayor precisión las prioridades, que garantice la armonía y estimule la formalidad y la institucionalidad, que se adecúe al nuevo mundo digital y elimine las normativas que suenan bien, pero funcionan mal.

Fundamental involucrar a las comunidades, involucrarlos en la toma de decisiones, propiciar un gran acuerdo sobre lo que se quiere y lo que se puede, para que se agilice el desarrollo y se garantice la inversión. Es el momento de pensar en grande, en megaproyectos, con una evolución de Fontur a una agencia de fomento que deje de repartir de a poquitos y se enfoque en el futuro. Definitivamente es el momento de más turismo y menos coca.