La corrupción, el contrabando, la informalidad y la piratería son tal vez los peores males que sufre la economía de Colombia, los que impiden que su desarrollo sea rápido y palpable, aunque posiblemente la peor plaga sea la tolerancia y la inmovilidad general para combatirlas, convivimos con ellas, igual que con la pobreza, la inequidad, la inseguridad y la violencia.

Tal vez no necesitaríamos tantas reformas tributarias si lográramos acabar al menos uno de esos males de la economía, que además están conectados entre sí y con la evasión fiscal.

La corrupción está tan expandida y enquistada que, según la Contraloría General, la cantidad de dinero que se pierde cada año por este concepto equivale a 17% del Presupuesto Nacional, que para 2020 fue de $303 billones. Es decir, 50 billones (unos US$18.000 millones) con los cuales se hubieran podido construir cuatro líneas del metro para Bogotá y con los $23,1 billones refundidos entre obras inconclusas y elefantes blancos alcanzaría para financiar siete veces el Plan Nacional de Vacunación.

El contrabando, de acuerdo con la Dirección de Gestión de Policía Fiscal y Aduanera (Polfa), fue elevado por la ONU a la categoría de crimen organizado transnacional y se integra cada día con mayor fuerza al circuito de lavado de activos provenientes del narcotráfico. Ese blanqueo, potenciado por la presencia de estos dos delitos alcanza un monto equivalente a 7,5 del PIB colombiano.

El narcotráfico, agrega la Polfa, se está pagando con contrabando y esa dinámica criminal conexa entre ambos es particularmente grave para un país que, como el nuestro, tiene 70% de la producción mundial de hoja de coca.

De acuerdo con un reporte de la Dian, entre el contrabando técnico por subfacturación (que es la mercancía que ingresa al territorio nacional reportando menores valores y cantidades), y el contrabando abierto, se dejaron de percibir el equivalente a unos US$5.000 millones en 2018.

La informalidad, que en parte se nutre del contrabando y la piratería, se acerca a 50% en Colombia y, por supuesto, tampoco paga impuestos. Si toda esa masa de recursos circulara por los canales de la legalidad tendríamos capacidad de construir un sistema capaz de ofrecer seguridad social para todos los ciudadanos.

La piratería pone en riesgo la libre competencia en el mercado, es un lastre para la propiedad intelectual y constituye un serio desincentivo para la inversión. Del software que circula en Colombia, 53% es pirata y deja pérdidas en el sector superiores a los US$280 millones al año, y algo parecido sucede con los libros y otros productos y servicios, como la televisión paga.

Los cálculos de DirecTV indican que el flagelo de la piratería tradicional (excluyendo la online) conlleva pérdidas anuales por US$201 millones para el estado, US$332 millones para los programadores, US$948 millones para los operadores y 8.200 empleos dejan de insertarse en la economía formal.

Estos males se podrían comenzar a combatir si no hubiera tanta permisividad con ellos. Necesitamos sanciones sociales, trabajar sobre valores, principios, sobre todo en las nuevas generaciones, hacer una revolución educativa que siembre y fomente una nueva cultura de respeto, responsabilidad, esfuerzo, solidaridad y compromiso, acompañada de oportunidades y herramientas que contribuyan a creer en el sistema institucional.