En esta cuarta entrega de la secuencia de columnas sobre las perspectivas de los temas que influirán en la relación entre Colombia y Estados Unidos es imperativo referirse a la reunión del 3 de febrero entre los presidentes Donald Trump y Gustavo Petro, pero no desde la idea de un reinicio, sino desde una recomposición gradual, realista y exigente, guiada por resultados concretos.

La reunión abrió una puerta necesaria y llegó después de semanas de tensión e incertidumbre (las tensiones comenzaban a tener costos reales). Y no hay que ponderarla por la ausencia de anuncios espectaculares, sino porque reabrió el canal presidencial y un mínimo de previsibilidad. Aunque no resuelve las diferencias, evita que la relación quede atrapada en una lógica de confrontación permanente.

Lo que vimos fue una distensión, la decisión de tramitar las diferencias por canales diplomáticos e institucionales, lo cual no elimina los desacuerdos ni garantiza estabilidad permanente.

Surge la oportunidad de pasar de la retórica a una agenda de resultados, lo que implica fijar metas, responsabilidades y cronogramas verificables, demostrar capacidad de ejecución, implementación y coherencia interna para recobrar la confianza. Habrá altibajos. La diferencia estará en mantener abiertos los canales de diálogo y evitar que las crisis se conviertan en rutina.

En ese marco, el avance más relevante está en seguridad regional. El entendimiento para cerrar corredores del narcotráfico y combatir bandas criminales mediante inteligencia, interdicción y control territorial en Colombia y en frontera abre una oportunidad concreta. La coordinación Colombia-Estados Unidos para articular esfuerzos con Venezuela contra el narcotráfico no es un asunto accesorio, es una variable central de la relación para que Venezuela deje de ser apenas un factor político y sea también un eje operativo contra el crimen transnacional para la estabilidad regional.

Ese desempeño tiene efectos directos sobre el resto de la agenda. La relación económica seguirá siendo el gran amortiguador, pero también un ámbito sensible a la fricción. No se trata únicamente de aranceles, sino de acceso real al mercado, tiempos, inspecciones, requisitos técnicos, barreras sanitarias y señales regulatorias. En 2026, el riesgo para Colombia no es un cierre abrupto, sino un desgaste silencioso que encarezca y complique el comercio y la inversión si la relación pierde previsibilidad.

Quien suceda a Gustavo Petro el 7 de agosto encontrará en los acuerdos de hoy una línea base que conviene preservar y fortalecer, porque lo que está en juego es una relación que sostiene más de cinco millones de empleos y concentra cerca de 30% de nuestras exportaciones, 37% de las IED, 53% de las remesas y 26% del turismo que recibe Colombia.

En 2026, la relación Colombia-Estados Unidos no se reinicia, se recompone gradualmente, y dependerá menos del tono político y más de resultados concretos, verificables y sostenibles. La perspectiva es clara: si se mantiene la diplomacia, se ejecuta con disciplina y se convierten compromisos en entregables, la relación ganará estabilidad y abrirá espacio para una agenda más ambiciosa de comercio, inversión, tecnología, infraestructura y turismo. Si no, volveremos al péndulo de tensión y distensión que desgasta, encarece y limita las oportunidades.