El Gobierno Nacional ha encaminado una fuerte apuesta por la llamada economía naranja, la cual comprende todas aquellas industrias culturales asociadas con procesos creativos y protegidos por derechos de autor. Es una apuesta acertada e importante que, de acuerdo con el reciente Plan Nacional de Desarrollo, plantea alcanzar metas de crecimiento del sector de 5,1% en 2022, con la creación de 1.000 nuevos contenidos audiovisuales e inversiones extranjeras por US$200 millones.

Es necesario revisar el valor esencial que compone la economía naranja -que es el mercado de derechos de autor-, ya que sobre este recaen numerosos conflictos o distorsiones ante la existencia de cobros excesivos en la gestión y recaudación que hacen algunas sociedades de gestión colectiva a varias empresas del sector de servicios con unas fórmulas mágicas que se aplican dependiendo de quién y no de qué, o como se diría vulgarmente, dependiendo del marrano.

Si bien la industria afirma su compromiso en reconocer la propiedad intelectual de los creadores (y por ende el pago de los derechos de autor), también se evidencia la necesidad de adecuar los mecanismos a una mayor transparencia y vigilancia que eviten las tarifas discrecionales o excesivas y dejen en entredicho el equilibrio y la sostenibilidad del propio sistema.

Según un estudio de Fedesarrollo, un cobro o recaudo desequilibrado por parte de las sociedades de gestión colectiva (que ocurre cuando se fijan tarifas superiores al valor que las industrias relacionadas están dispuestas a pagar) “puede desestimular el uso de obras o contenidos creativos, lo cual reduce el bienestar social en la economía”.

En virtud de lo anterior (y en medio de la elaboración de un Conpes de propiedad intelectual) es fundamental que las autoridades responsables consoliden una política pública que garantice que los esquemas normativos, protejan los derechos de autor, garanticen la competencia y la sana evolución del mercado.

También es importante consolidar en una entidad las acciones de proteger los derechos de autor, con procesos claros, ágiles y enfocados al beneficio de la industria. La propuesta de pasar su manejo a la Superintendencia de Comercio tiene mucha lógica, no solo porque hoy es garante de la propiedad intelectual, sino porque tiene el conocimiento, la tecnología y ha desarrollado un modelo que permite generar transparencia y agilidad.

Otra opción que se ha mencionado es la de crear una sola entidad que permita la consolidación de ambas áreas, que no parece conveniente en este momento por los enormes costos que genera en tiempo, espacios, montaje y personal. Y si ya hay una entidad que puede hacerlo para qué inventarse otra.
Colombia ocupa el puesto 63 en el Índice Internacional de Derechos de Propiedad, que mide 125 países, y es octavo en América Latina, lo cual refleja un rezago importante con relación a la protección de los derechos de autor.
Y esa carencia es más compleja y discutible en el sector de la salud, pero ese es otro capítulo. Lo esencial es ponernos al día y organizar bien la estructura en este campo, que Colombia se ponga a la altura como país miembro de la Ocde y transmitir confianza inversionista en todos los sectores y más en un asunto donde los derechos de autor son tan determinantes, como en la economía naranja.