El Gobierno Nacional y 45 gremios económicos firmamos 12 pactos sectoriales para contrarrestar los cuellos de botella que afectan la competitividad y que esperamos sean un nuevo punto de partida para que el sector productivo sienta el alivio que reclama para hacer las inversiones que requiere.

Más allá de las buenas intenciones de las partes, lo más importante es el seguimiento que le demos a estos propósitos, pues los pactos suelen sufrir de indiferencia y olvido y, hoy, con el mundo en vilo por las tensiones comerciales, la cohesión y la concertación constituyen una herramienta fundamental para el crecimiento de la economía colombiana y su estabilidad política. Las incertezas suelen llevar hacia el populismo.

El motor del consumo en Colombia ha sido tradicionalmente el gasto público, con una macroeconomía relativamente estable, reglas del juego llevables, flujos de inversión crecientes, pero con una industria de baja productividad y una actividad de comercio exterior débil que tampoco contribuye de formar significativa al desarrollo nacional.

Causa cierta preocupación, o al menos llama la atención, el hecho de que el sector privado es muy conservador en sus inversiones, en su renovación tecnológica y en los programas hacia el futuro. Existe la sensación de que los empresarios van subidos en el tren del Estado sin arriesgar demasiado, cuando podrían convertirse en una segunda locomotora que jalone el crecimiento y genere empleo.

Para eso hay que crear las condiciones. Cuando uno habla con los empresarios en ámbitos privados, admiten que Colombia, por una parte, es una democracia sólida, con una economía de mercado, y por una parte sufre de debilidades estructurales, donde el Ejecutivo tiene buenas estrategias, pero ha sido lenta su ejecución; donde el Legislativo es prisionero de intereses particulares y de odios partidistas, y donde la rama judicial se ha visto salpicada de sospechas.

El sector privado necesita garantías, normas claras, seguridad jurídica, todas las certezas posibles. Tenemos altos costos para las operaciones de comercio, escasa conectividad y un atraso evidente en el transporte de carga. La mayoría de la población está atrapada en un sector informal de baja productividad, lo cual es un serio impedimento para que la sociedad pueda aumentar su riqueza.

Aunque el régimen simple presenta una gran oportunidad, los impuestos y contribuciones a la seguridad social que se les cuelgan a las nóminas siguen altas, de tal manera que la informalidad se torna estructural. Hay que seguir haciendo esfuerzos para bajar las cargas parafiscales y estimular el efecto benéfico para el empleo formal. Hay mucho por hacer en ese terreno.

Tenemos que evitar las acciones aisladas y proactivas que limitan la seguridad jurídica, como algunas decisiones de las ramas judicial y legislativa que generan cautela en los inversionistas. A ello hay que sumarle la polarización política, que dificulta los consensos y aleja la posibilidad de aprobar las reformas necesarias.

Mientras esto persista será difícil estimular el consumo y la inversión interna. Y la economía no puede seguir con tanta dependencia del gasto público, menos con un recurso es cada vez más limitado. Todos tenemos la responsabilidad de apostarle al trabajo en equipo para un desarrollo con equidad y oportunidades para todos los colombianos.