El hecho de tener innumerables voces pidiendo un análisis consensuado, que permita establecer el impacto real de lo que podrían ser las necesidades del mercado laboral del país, provee algo de optimismo en que se pueda trabajar en lograr la mejor reforma para actualizar y poner al día el país en sus necesidades laborales.

Reconforta saber que un importante número de congresistas se ha desmarcado de la inercia que estaba llevando la reforma laboral hacia el despeñadero, que muchos legisladores estén comprometidos a garantizar que el nuevo Código Sustantivo del Trabajo sea en un matrimonio feliz entre lo social y lo productivo, para que sea una verdadera sincronización entre lo que hay que hacer para impulsar el desarrollo y el bienestar.

Si 84% del empleo formal lo gestiona el tejido empresarial, es lógico que se debe entender primero cómo funciona el ámbito privado y cómo fortalecer su capacidad de proveer más empleo y mayores recursos para el gasto social, sin debilitarlo con cargas y recargas laborales, sin afectar su viabilidad, sin aumentar el desempleo, ni afectar la capacidad del país para reducir la pobreza, la inequidad y la exclusión.

72% de las personas con empleo salen de la pobreza y eso debe enmarcar una línea de las acciones para generar una política pública que busque construir sobre ese desarrollo económico.

El tejido empresarial se administra con cifras, costo-beneficio, oferta-demanda y demás variables que permiten mantener un equilibrio estable y rentable entre la fuerza laboral, la estructura productiva y el mercado, de forma que se garantice la justicia salarial, el bienestar social, la reinversión, la seguridad y la modernización industrial del país.

Los pequeños negocios no son informales porque quieren, sino porque les resulta más conveniente, porque es más barato, más rentable, más flexible, sin trámites, sin impuestos.

Se necesita una reforma, sin duda, pero debe ser propuesta desde una perspectiva más amplia, no bajo la mirada cerrada de encarecer los costos productivos y afectando a la pequeña empresa, que es donde se hacen los mayores esfuerzos para sostener el personal en la legalidad, sobre todo en el sector del comercio.

Fenalco ya lo advirtió: es decisivo que los congresistas comprendan las nefastas consecuencias que la reforma puede traer. Se necesita una reforma para reducir la alta informalidad y debe estar enfocada en facilitar los procesos de contratación, reducir la tercerización y crear empleos.

Según Fenalco, la suma de la reducción del horario de trabajo en una hora diaria y del aumento de los recargos por trabajo nocturno y festivo implicaría, para un establecimiento comercial con dos empleados, un incremento de sus costos laborales de hasta 35% y podría desencadenar la pérdida de unos 200.000 empleos solo en Bogotá, y afectará a la población más vulnerable. Y menos empleo conduce a menos cotizaciones y al desbalance la estructura del sistema pensional.

No se trata de que el sector privado piense una cosa y el público otra. Se trata de converger entre lo que conoce la experiencia, lo que es bueno para la empresa, conveniente para el trabajador y lo que necesita el país. Por eso celebramos la posibilidad de que se negocie y se acuerde una reforma para el bienestar general.