La crisis en la Vía Panamericana no solo ha evidenciado el profundo impacto económico que los bloqueos causan en el país, sino que también ha expuesto la incapacidad del Estado colombiano para controlar y prevenir las vías de hecho.

De acuerdo con el medio Transporte.com, un portal de información especializado en transportes, logística y seguros en el ámbito nacional e internacional, en lo corrido del 2024 se han sucedido 50 bloqueos en esa vía, que refleja, no apenas un problema de orden público, sino un síntoma del debilitamiento institucional, una incapacidad para resolver conflictos sociales a través del diálogo y la negociación.

Las comunidades, al no encontrar soluciones efectivas por los conductos regulares, optan cada vez más por la vía de hecho como un recurso final para ser escuchadas. Esta tendencia es una muestra clara de cómo el Estado ha perdido su capacidad de control sobre estas situaciones, lo que genera una espiral de presión constante y más bloqueos.

Cada día de bloqueo en la Vía Panamericana genera pérdidas de hasta $40.000 millones de pesos, afectando sectores clave como el transporte de carga y la distribución de alimentos. Además, más de 2.000 camiones quedan represados cada vez que se cierra esta arteria vital, lo que impacta negativamente en la competitividad de la región y la estabilidad económica de miles de familias.

Y a nivel nacional el número de bloqueos es preocupante. De acuerdo con Colfecar en lo que va del año se han registrado un total de 400 bloqueos en todo el territorio colombiano. Los meses más críticos fueron enero con 81 bloqueos, mayo con 71, junio con 60, febrero y abril con 53, seguidos por marzo con 42 bloqueos. Estas cifras se traducen en un total de 5.975 horas perdidas en cierres viales, lo que ha tenido un impacto devastador en la economía y la vida cotidiana de los colombianos.

Además de la ausencia de mecanismos de diálogo efectivos, sorprende que tampoco haya acciones preventivas, apenas promesas incumplibles que hacen inviable desactivar estos conflictos antes de que lleguen al punto de bloquear las vías principales. Es crucial que se establezcan acuerdos cumplibles, basados en propuestas viables tanto para las comunidades como para el Gobierno. Las demandas deben ser realistas y las respuestas responsables para que las soluciones sean sostenibles en el tiempo y eviten el uso de la vía de hecho como único recurso.

Es urgente que el Gobierno tome medidas estructurales para recuperar el control de la situación. Además de acciones inmediatas policiales para levantar bloqueos, se deben crear canales confiables y permanentes que atiendan peticiones viables, se anticipen a las vías de hecho y no pongan en riesgo la gobernabilidad del país. Es esencial encontrar soluciones responsables que respeten el orden y la libertad.

Todos los colombianos tienen el derecho a protestar, pero este no debe ejercerse a través de las vías de hecho. Las fuerzas públicas deben velar por el bienestar de la mayoría, garantizando la libre circulación y la estabilidad nacional. Solo con un equilibrio entre el derecho a la protesta y el respeto por las instituciones se podrá construir un país más justo y equitativo para todos, que evite las vías de hecho con las que unos pocos le hacen daño a toda una nación.