Mientras discutimos quién tiene razón y quién gana el debate, dejamos en segundo plano construir un país donde quepamos todos y podamos desarrollar nuestro potencial. Entre reproches y el afán de tener la última palabra, olvidamos que las diferencias pueden hacernos mejores. En Colombia y en el mundo, dividir puede rendir votos o audiencia; excluir tiene un costo colectivo: confianza debilitada, talento desaprovechado y oportunidades que deja de crear.

Estas líneas nacen del testimonio de una madre: su hija fue agredida por ir de la mano con otra mujer. La violencia puso en riesgo su vida y pesó en su decisión de vivir fuera de Colombia. También se excluye por ideas políticas, fe, vínculos, trayectoria, origen, edad o condición social. El primer costo es humano: vivir con miedo o sentir que no se pertenece. También pierde la sociedad cuando alguien deja de encontrar aquí un lugar para aportar.

La Constitución de 1991 nos une en la dignidad, el pluralismo y la igualdad. Protege el libre desarrollo de la personalidad y las libertades de conciencia, religión y expresión. La Corte Constitucional (T-881 de 2002) vinculó la dignidad con elegir cómo vivir, tener condiciones materiales dignas y vivir sin humillaciones. Estos derechos no son concesiones de una mayoría.

Soy católica. Mi fe, principios y valores orientan mi vida, sin que otros deban pensar o sentir igual. Respetar no exige compartir convicciones, sino reconocer que todos tenemos los mismos derechos. En abril de 2026, León XIV vinculó la democracia con la dignidad humana y la participación responsable en el bien común.

Esa libertad también es colectiva. Los artículos 38 y 39 protegen la libre asociación y la autonomía de las organizaciones de trabajadores y empleadores, dentro de la ley y los principios democráticos. En ese marco, los gremios canalizan intereses comunes y facilitan el diálogo entre empresas y Estado. El segundo costo es institucional: menos voces para construir acuerdos. Alcanzarlos exige respetar los derechos ajenos, no abusar de los propios y ser solidarios (artículo 95). El desacuerdo y la crítica son legítimos; no habilitan la violencia ni la exclusión arbitraria.

Tampoco confundamos diferencias con amenazas. La seguridad debe proteger a todos. Eso exige combatir a las bandas criminales y aplicar la ley con firmeza, con pruebas y debido proceso. Defender libertades y combatir el delito son deberes complementarios.

El tercer costo es económico. En Brasil, el Banco Mundial estimó pérdidas de ingresos laborales por exclusión LGBTI+ de 94.400 millones de reales anuales: 0,8% del PIB. En 2026 señaló que, sin barreras laborales para las mujeres, muchos países podrían producir entre 15% y 20% más.

Álvaro Gómez propuso un acuerdo sobre lo fundamental. Hoy puede unirnos vivir seguros, tener oportunidades y sentir que nuestra voz cuenta. No se trata de vivir sin reglas, sino de que estas permitan convivir en un Estado de derecho. Escucharnos y sumar capacidades distintas permite innovar, emprender y prosperar.

El costo de no sumar es el futuro que dejamos de construir. Hagamos de Colombia un proyecto compartido que dé a las próximas generaciones razones para quedarse, oportunidades para crecer y Libertad para ser.