Hay temas que avanzan por debajo del ruido, como corrientes que no hacen espuma, pero sí cambian el cauce. Por eso comienzo esta serie de columnas: para mirar aquello que no siempre ocupa titulares y, sin embargo, ya está reordenando al país. Cambios sociales, económicos y culturales que ocurren mientras la conversación pública mira hacia otro lado. Empiezo por uno que debería estar mucho más en el centro del debate de los candidatos: el país que siente que ganó.

Mientras la política se consume entre encuestas, nombres propios, escándalos de temporada y la tarea casi automática de desmentir o defender al Gobierno Petro, queda intacta una pregunta más importante: ¿qué parte de Colombia siente que, esta vez, algo sí se movió a su favor? No hablo de que este haya sido el primer gobierno en ofrecer alivios concretos, porque no lo es. Colombia conoce desde hace años subsidios, transferencias y programas sociales. Hablo de otra cosa: de la mezcla entre mejora material y reivindicación simbólica. De la sensación, para ciertos sectores, de que esta vez no solo llegó alguna ayuda, sino también un discurso de poder que les dice que existen, que cuentan y que merecen ser defendidos.

Ese país no es pequeño. En 2024, 31,8% de los colombianos estaba en pobreza monetaria y otro 30,5% en situación de vulnerabilidad. Es decir, 62,3% del país seguía lejos de una seguridad económica estable. En las cabeceras, la pobreza fue de 28,6%; en los centros poblados y rural disperso llegó a 42,5%. Esa es la Colombia que muchas veces no habla en el lenguaje de la macroeconomía, pero sí sabe reconocer cuándo el ingreso alcanza un poco más y cuándo el poder la mira como algo más que una estadística.

Ahí está el punto ciego del debate. El petrismo no solo se sostiene en una narrativa populista ni en la identidad; también se sostiene porque sí hubo alivios perceptibles, aunque no todos llegaron por la misma vía. Para unos, de forma directa: el salario mínimo pasó de $1.000.000 en 2022 a $1.423.500 en 2025, y Colombia Mayor llevó en 2025 a 1,7 millones de personas a recibir $230.000 mensuales, dentro de una expansión con meta de 3 millones. Para otros, de forma más difusa: la inflación bajó de 13,12% en 2022 a 5,10% en 2025. En un país donde 55,3% de los ocupados sigue en la informalidad y 62,3% de la población está entre pobreza y vulnerabilidad, ese alivio no entró solo por la nómina formal: también se sintió en el gasto cotidiano. Ese es el terreno social donde esa narrativa encuentra eco y donde una parte del país sintió que el Gobierno hablaba de ellos como si fuera de los suyos.

Ese matiz importa. Porque otros gobiernos también aliviaron, transfirieron y protegieron. Lo distintivo aquí no es la existencia del alivio, sino la forma en que se asoció con una narrativa de reconocimiento. Petro ha logrado proyectarse ante ciertos sectores populares como alguien que no solo administra sus carencias, sino que las convierte en argumento político, en agravio histórico y en causa pública. No necesariamente los sacó de la precariedad, pero sí logró que muchos sintieran que el poder, por una vez, no les hablaba desde arriba, sino en su nombre. Esa mezcla entre bolsillo y pertenencia explica más de la conversación electoral que muchas encuestas.

Nada de eso, sin embargo, autoriza a confundir alivio con prosperidad. En enero de 2026, la desocupación nacional fue de 10,9%, menor que un año antes. Hay crecimiento, sí, pero sobre una estructura muy frágil, con baja productividad, alta precariedad laboral (sin estabilidad, sin protección y sin verdadera movilidad social) y cuentas fiscales tensionadas, sumado a una variedad de crisis autodesarrolladas por el Gobierno.

Y ahí es donde el comentario público está cometiendo un error político serio. Pensar que basta con repetir “déficit”, “regla fiscal”, “desconfianza inversionista” o “mala ejecución” para ganar la discusión. Todo eso importa. Mucho. Pero si no se traduce al lenguaje de la vida cotidiana, se vuelve un sermón entre convencidos. Y, mientras tanto, el oficialismo conserva una ventaja narrativa: no porque haya inventado el alivio social, sino porque logró asociarlo a una promesa de dignidad y representación para sectores que sienten que, esta vez, el poder no solo los asiste, sino que además los reconoce.

La dificultad, por supuesto, es que ese alivio no es sostenible. El Banco de la República advirtió en febrero de 2026 que la inflación, luego de cerrar 2025 en 5,1%, podría subir a 6,3% en 2026 en un contexto de excesos de demanda y mayores costos laborales. Y el CARF estimó que cumplir la meta fiscal del Gobierno en 2026 requeriría un ajuste de $45,4 billones.

La próxima elección no se va a definir solo entre quienes aprueban o rechazan a Petro. También se va a jugar entre quienes entiendan una verdad incómoda: sí existe un país que sintió, por señales o narrativas, mejoras concretas, y despreciar esa experiencia puede ser tan torpe como convertirla en prueba de éxito estructural. Un alivio no es un modelo económico. Pero ignorar sentir un alivio, y sobre todo ignorar la necesidad de reconocimiento y de entender sus necesidades que vino pegada a él, es quizá la forma más segura de perder la discusión sobre el país real.