Las llamas que recorrieron Francia la semana pasada no se encendieron solas. Detrás de cada vitrina rota hay décadas de decisiones aplazadas: en seguridad, en finanzas públicas y en integración. Europa paga una costosa factura por su complacencia.

Sin rodeos: los incendios, los saqueos y los enfrentamientos en Francia, con ecos en otros países, merecen una condena sin matices. Protestar es un derecho; destruir negocios, atacar a policías y sembrar miedo, no. Pero mirar solo las llamas sería un error. Hay que mirar también el combustible que se fue acumulando durante décadas.

Empecemos por la seguridad. Por años, Europa se acostumbró a que Estados Unidos pagara buena parte de su defensa. Mientras Rusia se rearmaba y China ganaba poder, muchos gobiernos aplazaban decisiones difíciles. Los aliados europeos de la Otan y Canadá invirtieron en defensa 1,4% de su PIB en 2014 y 2,3% en 2025. Ahora, urge recuperar el tiempo perdido.

En casa, se instaló otra ilusión: que el Estado puede prometer más sin exigir productividad y responsabilidad. Según Eurostat, las prestaciones de protección social representaron 27,3% del PIB de la Unión Europea en 2024; para Francia, se estiman en 32% en 2025. Incluyen pensiones y salud, no solo subsidios. La deuda pública francesa alcanzó 119% del PIB en junio de 2026. La jornada legal de 35 horas puede ser una conquista laboral, pero no sustituye una conversación seria sobre cuánto se produce y cómo se paga el bienestar.
La salud, la educación y la protección social son logros que vale la pena defender. Lo que no se puede defender es la ficción de que son gratuitos: siempre los paga alguien. Una sociedad que multiplica sus promesas y castiga en las urnas a quien advierte los límites termina hipotecando su futuro. Las ayudas temporales necesitan evaluación y caminos hacia el empleo, sin desproteger a quienes requieren apoyo permanente.

Y queda el debate que muchos esquivaron por temor a parecer intolerantes: la integración. Al comenzar 2025, 10,4% de los habitantes de la Unión Europea había nacido fuera de ella. La inmigración puede enriquecer una nación, pero abrir las puertas sin construir caminos de integración ni exigir el respeto a sus leyes y a los valores compartidos no es generosidad; es irresponsabilidad. La igualdad de mujeres y hombres, las libertades individuales y el Estado de derecho no son negociables.

Eso sí: ni el origen ni la religión definen el compromiso con esos principios. Europa no es un bloque uniforme, y su malestar no tiene una sola causa. Pero una versión del progresismo que confunde solidaridad con gratuidad, tolerancia con permisividad y bienestar con ausencia de esfuerzo ha contribuido a paralizar las correcciones necesarias.
Y, mientras tanto, Colombia haría bien en mirarse en ese espejo, sin equiparar realidades. Normalizar promesas sin respaldo, gasto sin evaluación o reglas sin cumplimiento puede cobrarnos inversión, empleo y confianza. La prosperidad no se decreta y la convivencia no se improvisa. Cuidar el bienestar exige producir para sostenerlo. Las próximas generaciones merecen heredar oportunidades. No la factura de lo que hoy preferimos no resolver ni el precio de nuestros desvaríos.