Mientras en Colombia el diagnóstico se ha simplificado con una eficacia casi poética en la frase “todo es culpa del Estado”, la discusión de fondo debería ser otra: si lo anterior es así, ¿quién es el Estado y de quién es, en concreto, cada responsabilidad pública? Ese es el verdadero “mientras tanto” de esta historia. Porque mientras repetimos que el Estado no llega, no cumple, no regula, no redistribuye, no controla, esa palabra elástica que sirve para todo termina convertida en el responsable universal de nuestras frustraciones colectivas. La pregunta incómoda sigue ahí: si el Estado es el culpable, ¿quién responde en su nombre?

Lo más inquietante es que esa frase ya es lugar común. Se repite en todos los escenarios y por todos, con la disciplina involuntaria de un coro bien entrenado: la desigualdad persiste porque el Estado falla; la inseguridad crece porque el Estado no actúa; las regiones siguen rezagadas porque el Estado está ausente. El consenso es cómodo, pero también complaciente. Cuando el culpable es una abstracción, la responsabilidad se diluye: si todo es culpa del Estado, nadie responde y nada cambia.

Y la realidad es que el Estado no es una nube moral ni una abstracción conveniente. Es un entramado de instituciones, competencias y responsabilidades que debería funcionar con dirección, coordinación y continuidad. El problema es que solemos culpar al Estado justo en el punto en que dejamos de nombrar a los responsables concretos.

Ahí está el mientras tanto, por ejemplo, cuando se reclama seguridad: existe una cadena de responsabilidad. La Constitución le da al Presidente la dirección de la Fuerza Pública y le asigna el manejo del orden público. La Policía y las Fuerzas Militares ejecutan; gobernadores y alcaldes coadyuvan en su territorio, y la justicia no dirige la política, pero sí condiciona su eficacia: investiga, procesa y sanciona. O sea: en seguridad hay liderazgo político central, ejecución operativa descentralizada y eficacia judicial indispensable.

No se trata de decir que “el Estado falló”, sino de preguntar qué entidad debía hacer qué, con qué presupuesto, bajo qué liderazgo y con qué resultado. Esa precisión incomoda, porque obliga a pasar del lamento al control, de la consigna a la gestión.

Quizá la conversación pendiente no es si el Estado falla -eso es indudable-. La discusión es si estamos dispuestos a pasar del reclamo abstracto a la exigencia concreta. Porque para los ciudadanos la tarea no debería ser repetir que “la culpa es del Estado”, sino identificar quién tenía la competencia, la ejecución y la vigilancia, y quién no cumplió. De lo contrario, seguiremos confundiendo indignación con control: mucho reclamo general y poca pregunta precisa sobre quién tenía la responsabilidad, los recursos y la obligación de actuar.

Al final, el problema no es decir que todo es culpa del Estado. El asunto es que esa frase termina siendo la manera más elegante de absolver la inacción y diluir el incumplimiento de quienes sí tienen responsabilidades concretas.