Y mientras hablamos de candidatos, y poco de sus propuestas, hay un tema que ya nos define como nación y debería pesar al elegir Presidente: la criminalidad y la posición frente a ella. Según el Global Organized Crime Index 2025 (Goci), Colombia quedó como el segundo país entre 193 evaluados, después de Myanmar; además, ocupa el primer lugar en América y Suramérica en criminalidad organizada y por conectar redes transnacionales.

Es una advertencia seria, pero no debe llevarnos a conclusiones equivocadas. Colombia no es su criminalidad. La inmensa mayoría de colombianos son ciudadanos de bien: trabajan, emprenden, estudian, cuidan a sus familias, generan empleo y construyen país. Esa es la Colombia real y mayoritaria.

Lo que advierte el Goci no es solo la acción ilegal de unos pocos, sino una permisividad que, bajo la promesa de paz total, se ha traducido en impunidad. No podemos permitir que esas minorías definan nuestra imagen ante el mundo ni nuestro futuro como nación.

El desafío es proteger a la Colombia trabajadora, honesta y creativa frente a economías ilegales. No se trata de negar los avances del país, sino de impedir que el crimen los opaque. Hoy el crimen no es solo el hombre armado en una trocha: también es minería ilegal, trata, contrabando, lavado, extorsión, delitos digitales, control territorial y captura institucional. No siempre dispara; a veces factura, exporta y sonríe en cócteles.

Ese es el daño más profundo: la criminalidad no solo produce violencia y miedo; produce desconfianza. Encarece el crédito, frena inversión, golpea el turismo, distorsiona mercados y castiga al ciudadano cumplido. Cuando la regla se vuelve negociable, el mérito pierde frente al atajo; y cuando el Estado no llega, el crimen gana espacio.

Por eso las preguntas dejan de ser retóricas. ¿Cómo compite un tendero con quien lava dinero? ¿Cómo innova una pyme si además paga extorsión? ¿Cómo cree un joven en el mérito si el atajo parece rentable y estudiar en una buena universidad ahora exige pedir perdón por anticipado?

Por eso la respuesta no puede ser solo policial ni depender del gobierno de turno. Colombia necesita una política de Estado para recuperar autoridad, territorio, justicia y cultura de legalidad. Dialogar no puede confundirse con perder control. La paz verdadera no pide permiso al crimen; protege a quienes viven dentro de la ley.

El sector privado debe blindarse frente al lavado, fortalecer cumplimiento, denunciar riesgos y defender la formalidad. Medios, redes y cultura deben dejar de volver aspiracional al delincuente. Y los ciudadanos, abandonar el cómodo “todo el mundo hace trampa”.

Creo en Colombia, pero eso no significa negar sus heridas. Significa mirarlas sin maquillaje. Hay empresarios, trabajadores, jóvenes, jueces honestos, servidores públicos y comunidades que no se resignan. Esa Colombia necesita Estado, justicia, reglas y confianza.

Mientras preguntamos quién ganará, la pregunta de fondo es: ¿queremos ser una democracia que corrige errores o una plataforma para economías criminales globales? Ese es el debate nacional. Un país no se pierde solo cuando manda el crimen; se pierde antes, cuando los buenos se acostumbran.