Hay una distorsión que Colombia no termina de resolver: que la coincidencia ideológica justifica, por sí misma, la selección de los funcionarios públicos, sin tener en cuenta sus capacidades, experiencia o conocimiento. Es un error costoso: hospitales sin medicamentos, contratos sin ejecutar e instituciones al servicio de sus directivos, no de los ciudadanos. Quien entra al servicio público no puede ser neófito ni aprender sobre la marcha. Debe ser un experto y su compromiso servir a todos los colombianos. También a quienes votaron diferente.

El gobierno que termina el 7 de agosto dejó una demostración dolorosa cuando ese principio se ignora. Los criterios de selección fueron, con demasiada frecuencia, la lealtad ideológica y la cercanía política. El resultado: entidades capturadas, proyectos inconclusos y más relato que gestión. El clientelismo no es patrimonio de ningún color político, pero el gobierno Petro lo convirtió en método.

Vale la pena mirar a Singapur. Su PIB por habitante pasó de US$4.215 en 1965 a US$70.684 en 2025, a precios constantes de 2015. No fue un país sin ideología, ninguno lo es, pero su transformación no se explica por una etiqueta de izquierda o derecha. Una decisión central fue construir una burocracia seleccionada por mérito, remunerada competitivamente y evaluada por resultados. Un estudio de Evans y Rauch en 35 países halló una relación entre burocracias meritocráticas y crecimiento. Singapur está en el extremo superior; Colombia no. La capacidad estatal no lo explica todo, pero sin ella poco funciona de manera sostenida.

En Colombia existe, sobre el papel, una carrera administrativa basada en el mérito. La Constitución lo ordena. La ley lo desarrolla. La Comisión Nacional del Servicio Civil lo administra. Pero esa arquitectura convive desde hace décadas, salvo contadas excepciones, con la práctica opuesta: el nombramiento por palanca, el cargo como premio político, la entidad pública como cuota de coalición. El sistema persiste porque el clientelismo sigue siendo moneda de negociación política.

El presidente De la Espriella asume ante un país agotado de ideología y con hambre de gestión. Por el origen de su campaña y la manera como llegó a la Presidencia, tiene una oportunidad de oro. El Banco de Talentos, que promete abrir espacio en las regiones sin palancas y con base en el mérito, muestra esa intención: nombrar por competencia y no por lealtad. Es un avance, pero debe concretarse rápido, hacerse realidad y garantizar igualdad de género. Que los cargos técnicos los ocupen técnicos. Que las entidades las dirijan gerentes públicos capaces. Que el mérito deje de ser lenguaje de discurso y se convierta en criterio de decisión.

Singapur se construyó sobre la competencia. Colombia ha tenido buenos servidores públicos, pero el gobierno saliente debilitó ese principio. Recuperarlo tomará tiempo y personas conscientes de que servir al Estado.

Colombia necesita verdaderos servidores públicos: personas capaces, transparentes y dispuestas a servir también a quienes piensan distinto. Ni de izquierda ni de derecha para cumplirle al país. El cambio empieza cuando un cargo deja de ser un premio y vuelve a ser lo que siempre debió ser: una responsabilidad con todos.