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Mientras Colombia demuestra una solidaridad desbordada y una capacidad de ayuda ejemplar hacia las familias afectadas por el terremoto, hay una pregunta que no puede perderse en el “mientras tanto”: cuán preparadas están realmente las edificaciones en las que vivimos, estudiamos y trabajamos para resistir el próximo sismo. Atender la emergencia es la prioridad absoluta; pero reducir la vulnerabilidad existente y la que se reconstruirá es importante, porque es lo que evita que la próxima tragedia sea mayor.

El Servicio Geológico Colombiano confirmó un sismo de magnitud 7,4 y 103 kilómetros de profundidad, el de mayor registro en Colombia en el siglo XXI. Su impacto no depende solo de la magnitud, sino de factores como el suelo, la ubicación y la calidad de la construcción, que determinan el nivel real de afectación en superficie.

La experiencia del Eje Cafetero tras el sismo de 1999 sigue siendo una referencia clave. A partir de ese desastre, Colombia fortaleció su normativa sismorresistente y avanzó hacia estándares más exigentes que se consolidaron en la NSR-10, incorporando no solo reglas de diseño, sino una mayor conciencia sobre la necesidad de construir y reconstruir con seguridad sísmica.

En el evento reciente se evidencia cómo la aplicación de estos estándares influye en el comportamiento de las edificaciones: Armenia ha mostrado menores niveles de colapso estructural que otras ciudades como Pereira, donde persisten mayores vulnerabilidades en parte del parque construido. No es una comparación de impactos, sino una evidencia de cómo el cumplimiento normativo reduce daños y salva vidas.

Este contraste reafirma que la reconstrucción no debe limitarse a reemplazar lo perdido, sino a incorporar control, técnica y cumplimiento normativo para reducir de forma real el riesgo en futuros eventos.

Lo aprendido entonces fue mucho más que reconstruir paredes. Los análisis posteriores identificaron causas como la vulnerabilidad de construcciones antiguas, materiales deficientes, fallas de diseño y construcción, y las condiciones del suelo. Armenia adoptó en 2000 una zonificación sísmica para orientar su reconstrucción, y Pereira también reglamentó su microzonificación. La lección no es que una ciudad “cumplió” y otra no, sino que la norma por sí sola no basta: conocer el suelo, aplicarla bien, controlar la obra y atender el parque construido es lo que convierte el papel en protección.

Además, sismorresistente no significa indestructible. La NSR-10 establece que una edificación puede sufrir daños en sismos fuertes; el objetivo es evitar el colapso y proteger la vida. Una grieta no es necesariamente una falla estructural, ni una fachada intacta es garantía de seguridad.

¿Y ahora qué? Los municipios pueden cruzar catastro, antigüedad, licencias y microzonificación para identificar vulnerabilidades y priorizar hospitales, colegios y zonas densas. El gobierno debe acelerar la actualización de la NSR-10. Empresas, administraciones y gremios pueden evaluar sus estructuras. Y los ciudadanos pueden preguntar por la historia y condiciones de los inmuebles antes de decidir.

Prepararse no es vivir con miedo; es administrar un riesgo conocido. Los sismos no consultan calendarios. Mientras se define el camino de la reconstrucción, es indispensable cuidar hoy los edificios, colegios, empresas y hogares que siguen en pie, y comenzar a organizar la forma en que se reconstruirán los que se necesitan. No podemos decidir cuándo volverá a moverse la tierra, pero sí cuánto podemos hacer desde ahora para reducir el riesgo y estar mejor preparados cuando ocurra.