La inseguridad no es solo un cáncer social; también es un impuesto silencioso: encarece transportar, producir y viajar; frena inversiones y obliga a cerrar negocios. Su costo más doloroso son las vidas perdidas y las familias que nunca vuelven a ser las mismas.

El BID y Fedesarrollo estimaron que el costo directo del crimen y la violencia en Colombia alcanzó 3,64% del PIB en 2022. A esa cuenta debe sumarse lo que se pierde: el inversionista que lleva su capital a otro país, el turista que cambia de destino, la cosecha que no sale y el empleo que no se crea. Extorsiones, secuestros, bloqueos criminales y ataques a camiones también nos quitan futuro.

Por eso merecen respaldo el gobierno y la Fuerza Pública en su esfuerzo por recuperar la seguridad, con resultados medibles y dentro de la institucionalidad. La Presidencia reportó, entre el 7 de agosto y el 25 de septiembre de 2026, 25.353 capturas por distintos delitos y 102.714 kilos de estupefacientes incautados. El 27 de septiembre informó una caída de 62% en la extorsión de agosto de 2026 frente al mismo mes de 2025. Son señales positivas que esperamos se traduzcan en menos víctimas y mayor tranquilidad.

La presión sobre las estructuras armadas y las redes de narcotráfico, extorsión, secuestro y trata de personas puede llevarlas a responder con amenazas y ataques que obligan a cerrar comercios y cancelar viajes y reservas hoteleras. El dolor y la preocupación de las familias afectadas merecen solidaridad y acompañamiento. Combatir a los responsables sigue siendo indispensable para recuperar la tranquilidad; por eso, debemos respaldar cada ofensiva y contribuir a la protección de las comunidades.

Recuperar territorio, sin duda fundamental, debe ir de la mano de la presión sobre las finanzas criminales. Como plantea la Fundación Ideas para la Paz, hay que desarticular las redes financieras, logísticas y de corrupción que sostienen el crimen. Perseguir el lavado y a los testaferros, recuperar activos y coordinar investigaciones entre países ayudan a impedir que nuevos cabecillas reemplacen a los capturados.

Honduras muestra la importancia de la continuidad. El BID documenta una reducción del costo del crimen de 6,5% del PIB en 2014 a 3,8% en 2022, durante una reforma policial sostenida. Formación, investigación y prevención fueron parte del proceso. La lección es perseverar, coordinar instituciones y permanecer en el territorio.

Recuperar la tranquilidad exige firmeza, institucionalidad, paciencia y resultados verificables. Los operativos recuperan territorio; la justicia y la persecución del dinero desarticulan las organizaciones; la presencia permanente del Estado evita que regresen. La educación y el empleo dan oportunidades y ayudan a prevenir el reclutamiento.

El esfuerzo debe perdurar en el tiempo y trascender gobiernos. Colombia no puede acostumbrarse a convivir con la inseguridad y la violencia como si fueran inevitables. El éxito debe medirse, finalmente, en algo muy concreto: que una familia pueda regresar a casa sin miedo, que un comerciante pueda abrir sin pagar extorsión y que un joven pueda construir su futuro sin que el crimen decida por él.