En la columna anterior nos referimos al problema del gasto desmedido del Estado: un aparato que crece, pero no mejora. Ahora me referiré a la otra cara de la moneda. Mientras Colombia enfrenta un problema de caja, también tiene un problema de legitimidad fiscal. Un Estado que gasta más de lo que puede, o más de lo que necesita, inevitablemente debe obtener ese dinero de algún lado. Y ese “algún lado”, al final, termina siendo el mismo: el bolsillo de los gobernados.

Margaret Thatcher lo dijo sin rodeos: “El gobierno no tiene dinero propio. Solo tiene el dinero que le quita a la gente”. Es una realidad constante en la historia política de la humanidad, sin distinción de régimen ni de época. Más que las constituciones o las declaraciones de derechos, la relación entre un Estado y sus ciudadanos se define principalmente por los impuestos: quién paga, cuánto y por orden de quién.

La historia lo confirma. Las colonias americanas no se levantaron contra la Corona inglesa por diferencias filosóficas, sino por los “tributos sin representación”. No taxation without representation (no impuestos sin representación) fundó la gran nación norteamericana. En Francia, la Revolución estalló porque una monarquía en quiebra quiso cobrarle a una burguesía que exigió, a cambio, voz. Y en la América española, las reformas fiscales borbónicas -más cargas, menos autonomía- empujaron a las élites criollas hacia la independencia. Siempre el mismo proceso: gasto que crece, recaudo que lo persigue y ciudadanos que, en algún momento, se rebelan.

Colombia camina por el filo de la navaja. Con un déficit fiscal de 6,7% del pib en 2024 -proyectado en 7,1% para 2025- y dos proyectos de reforma tributaria hundidos en el Congreso de la República, el Ejecutivo declaró, el 22 de diciembre de 2025, un estado de emergencia económica para crear tributos por decreto. La intención era recaudar $16,3 billones al margen de la deliberación legislativa.

La Corte Constitucional respondió en abril de 2026. La Sentencia C-075 declaró inexequible el Decreto 1390, al considerar que los hechos invocados no cumplían los requisitos de imprevisibilidad y excepcionalidad exigidos por la Constitución. El magistrado ponente señaló que el decreto constituía “una afrenta al funcionamiento del Congreso”: en esencia, un desacuerdo político elevado a estado de excepción.

El problema de fondo no es solo jurídico. Cuando un Estado impone cargas sin consenso, erosiona el único fundamento que hace tolerable el impuesto: la legitimidad. Un contribuyente que siente que le cobran sin escucharlo no es un ciudadano comprometido con el contrato social. Es un agente buscando alivio. Y en una economía globalizada, las salidas sobran: desinversión, informalidad y capitales que se van sin despedirse.

Colombia necesita una conversación honesta sobre el tamaño de su Estado y la sostenibilidad de su gasto. Y también sobre su sistema fiscal y su legitimidad. Esa conversación tiene un escenario legítimo: el Congreso. Un método legítimo: la deliberación. Y una condición indispensable: que quienes financian al Estado tengan voz en las decisiones que los afectan. No como concesión, sino porque así lo enseñan siglos de historia. Los regímenes que ignoraron esa lección no sobrevivieron para contarlo.