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La solidaridad extraordinaria frente a la tragedia del terremoto recuerda una presencia empresarial que no es ocasional ni se limita a las emergencias. Es, en el fondo, una muestra más de algo que viene haciendo desde siempre: aportar más de lo que se le exige. Para la muestra, un botón: en 1954, gremios de industriales antioqueños, sin que ninguna ley los obligara, crearon Comfama: una caja de compensación pensada para que el salario de los trabajadores rindiera un poco más, en un momento en que el Estado colombiano apenas empezaba a ofrecer vivienda, salud o recreación a la clase trabajadora.

Ese gesto no fue un hecho aislado. Fue el comienzo de una costumbre que se mantiene hasta hoy. Desde entonces, ese compromiso se expresa en empleo, inversión, formación, proveedores, innovación y recursos para financiar bienestar. La Constitución reconoce a la empresa como “base del desarrollo” y le asigna una función social, un reconocimiento que llegó después de que la práctica ya lo viniera mostrando.

Las empresas no reemplazan al Estado, pero sí representan una capacidad que Colombia difícilmente podría sustituir. Las cifras muestran su dimensión. En junio de 2026, 11,1 millones de colombianos eran empleados particulares: 45,3% de los ocupados. En diciembre de 2025, ocho de cada diez cotizantes eran trabajadores dependientes. Y en 2025 la Dian recaudó $296 billones; renta e IVA representaron 86,3% del recaudo tributario. Detrás de buena parte de los recursos públicos está una economía que produce, emplea, invierte, tributa y recauda.

Las cajas de compensación son otro ejemplo. En 2024, 815.000 empresas destinaron $12,7 billones a las cajas, para más de 21 millones de colombianos en vivienda, educación, salud, cuidado, empleo y recreación. No es caridad: es una contribución concreta al bienestar.
Y cuando Estado y empresa trabajan juntos, los resultados también se ven. Las concesiones 4G movilizaron cerca de $47 billones para intervenir más de 7.000 kilómetros de vías. Cuando cada uno cumple bien su papel, se conectan territorios y se mejora la competitividad.

El terremoto volvió a hacerlo visible. El balance oficial registra más de $2 billones gestionados con el sector privado mediante donaciones, alivios y otros recursos, además de alimentos, medicamentos, maquinaria, materiales y transporte. El aporte no es solo dinero: también es logística, conocimiento y ejecución. El Estado define prioridades y garantiza transparencia y equidad; las empresas pueden sumar velocidad y capacidad operativa.

La historia, desde 1954 hasta hoy, muestra que esta relación no se activa solamente durante las tragedias. Colombia necesita espacios estables de colaboración público-privada para la reconstrucción, la salud, la educación, la energía, la conectividad y la vivienda, con metas verificables y control ciudadano.

Colombia no tiene que escoger entre Estado y empresa ni borrar sus diferencias. El Estado debe orientar, regular y garantizar derechos; las empresas, invertir, innovar y generar empleo; y la ciudadanía, exigir resultados. La autonomía no impide la cooperación: la hace más valiosa. Desperdiciar capacidades por desconfianza sería un lujo. Colombia avanza cuando cada actor conserva su independencia, cumple su responsabilidad y entiende que ninguna capacidad, por sí sola, basta para resolver los problemas del país.