Las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) tienen un gran potencial para impulsar el desarrollo de las economías. Su uso en las empresas crea oportunidades de mejora en materia de eficiencia, optimización e, incluso, reducción de los costos de transacción en el mercado. Por ello, los sectores que no han iniciado su proceso de digitalización deben apresurarse para mantener una posición competitiva en el mercado.

Si bien las TIC son un articulador de la conectividad, es innegable que tienen la capacidad de impulsar la competitividad del país y desde este lugar debe ser el planteamiento que enmarque la aproximación que haga el nuevo gobierno hacia el sector.

Su visión debe tener un abordaje transversal para gestionar una verdadera transformación a partir de la formulación de políticas públicas concebidas desde la digitalización. Las TIC son una herramienta para lograr el real fortalecimiento de una democracia, asegurando la inclusión de todos los estamentos sociales y de todos los sectores de la economía, en un mundo cuya hiperconectividad no admite más rezagos.

Las TIC cumplen así un papel clave para favorecer el cierre de brechas en todos los ámbitos de la vida en sociedad: promover la educación, facilitar la atención en salud, mejorar la productividad de actividades muy intermediadas, incluso garantizar el libre ejercicio de la libertad de expresión y de información, son aspectos en los que este sector puede tener una influencia transformadora.

Desde el sector privado hemos hecho grandes esfuerzos en buscar el cierre de brechas que limitan la digitalización, evidenciando la necesidad de contar con políticas flexibles que se adecúen a los constantes avances de la economía digital, pero sobre todo de las necesidades de la población. En estas líneas, creemos que estas políticas deben tener como punto de partida el Plan Nacional de Desarrollo, incorporando una visión integral y un trabajo conjunto al interior de todas las entidades estatales, para asegurar abordajes regulatorios articulados.

En el comercio electrónico, por ejemplo, la conectividad y la digitalización deben desarrollarse de manera paralela en los diversos eslabones de la cadena de valor. Pensemos no solo en lograr un acceso a la conectividad en toda Colombia, sino en la importancia que tiene el despliegue de pagos electrónicos para la inclusión financiera; el desarrollo de procesos logísticos y de abastecimiento; la adopción de nuevas tecnologías y el tradetech como política internacional de un comercio más inclusivo y eficiente.

En esta línea, el documento “Transformación digital de las mipymes: elementos para el diseño de políticas”, publicado por la CEPAL en 2021, destaca los beneficios de las TIC en el ámbito empresarial. Estos son: mayor visibilidad del comercio en el mercado, mejoras en el acceso a la información, posibilidad de mitigar barreras comerciales, facilitación de transacciones financieras, mejoras en los procesos de desempeño y expansión empresarial y el desarrollo de nuevos productos.

Para lograr el aprovechamiento de estos beneficios, el país debe contar con una verdadera articulación de políticas de Estado, encaminadas a fomentar un crecimiento en la adopción de tecnologías tanto maduras como emergentes, evitando la fragmentación regulatoria por carteras que hemos visto durante las últimas décadas.

Estas políticas requieren, entonces, alcanzar sinergias para desarrollar metas ambiciosas en innovación y adopción tecnológica. Se debe priorizar el apoyo a los segmentos que más lo requieren para asegurar su inclusión en los nuevos procesos productivos. Es indispensable fomentar la superación del analfabetismo digital y contar con el acompañamiento de todo el andamiaje estatal en la supervisión de la implementación de estas políticas.