En el mundo solo existen tres países más desiguales que Colombia; todos se encuentran en África. Así lo hacen ver las estimaciones más recientes del índice de Gini para cada país, realizadas por el Banco Mundial. De hecho, si se tienen en cuenta solo las mediciones de 2022, Colombia ocupa el vergonzoso primer lugar, con un Gini de 54,8, lo que, al menos ese año, lo convirtió en el país más desigual del mundo; seguido de Sudáfrica (54,1), Brasil (51,9) y Namibia (51,5). También, conforme al Banco Mundial, en términos de pobreza global, Colombia ocupa una posición intermedia (está lejos de ser uno de los países más pobres del mundo), pero enfrenta problemas estructurales muy agudos cuando se evalúa la pobreza en relación con su nivel de producto; es decir, Colombia es otra prueba de que el capitalismo por sí solo no puede combatir la pobreza, pese a sus altos niveles de generación de riqueza.

Lo anterior significa que, en un país como el nuestro, no contemplar temas como la justicia social o el diseño de mecanismos de mejoramiento de la distribución de la riqueza es omitir un principio ético fundamental de cualquier sociedad: preocuparse por la vida y el bienestar de la totalidad de los individuos que la integran. Una sociedad legítimamente libre y éticamente eficaz debe poder reflexionar sobre sus principales problemas y encaminar sendas que conlleven a sus soluciones. De no ser así, solo queda el camino de la tiranía fascistoide y la ruina en la que deviene; los ejemplos abundan en la historia de la humanidad. Colombia misma es uno de estos: la espiral perversa de violencia se alimenta sin cesar de la pobreza y la desigualdad que históricamente han aquejado a su sociedad. El camino de la seguridad, del nacionalismo, de defensa exclusiva de los valores religiosos y morales afianzados en las clases dominantes, el cual no vaya acompañado de tesis de justicia e inclusión social, degenera en violación de los derechos humanos, supresión de las libertades individuales y ahondamiento de problemas sociales. Ya pasó en la Alemania de Hitler, en la España de Franco, en la Colombia de Laureano Gómez o en el Chile de Pinochet. Colombia ha caminado por la senda correcta durante los últimos cuatro años. Esta afirmación se sostiene fundamentalmente en un dato: el año 2025 marcó el nivel de pobreza multidimensional más bajo en la historia del país (9,9%), y el año 2024, el históricamente más bajo en términos de pobreza monetaria (31,8%). No es esto un resultado al azar. La pobreza no se sana si no se enfrenta. Y tampoco fue potestad de la mano invisible en la que creen a ultranza los fundamentalistas del mercado.

Pero un fantasma recorre Latinoamérica: el fantasma del fascismo que dirige Donald Trump. El intento desesperado de los Estados Unidos por mantener sus zonas de influencia ha sido determinante para el establecimiento de pseudo-regímenes fascistas que ubican en el centro los mayores problemas de sus sociedades, no para combatirlos, sino para reproducirlos y, sobre estos, constituirse: la violencia para mostrarse como la seguridad, la pobreza para negar el acceso a la libertad a los excluidos, la desigualdad para asegurar el poder de la clase dominante. Cuando se habla de libertad, en realidad solo se habla de la libertad para explotar la vida, no de libertad para vivirla. Por eso, el funesto fracking.

La calidad de una civilización no se mide por el poder de sus medios, sino por su capacidad de reconocer al otro como un rostro, no como una función. Esa es una de las frases de la primera encíclica publicada recientemente por el papa León XIV y lleva a entender cuál es el lado correcto de la historia, que no es sino estar del lado de los pobres. Porque cuando la pobreza disminuye, en realidad son vidas salvadas, y ese debe ser el fin de un Estado legítimo; porque pensarse un país como una empresa basada en el odio a la diferencia, repleta de activos explotables -comenzando por su población y su medioambiente-, conlleva al desastre.