El Estado, descrito en los términos menos controvertibles posibles, es una organización política y social de un país, que cuenta con instituciones, leyes y un gobierno para administrar y legislar un territorio nacional y su población de forma soberana. Sin embargo, a lo largo de la historia, distintas visiones acerca de lo que, en efecto, es el Estado, han convivido, pugnado y evolucionado conforme al avance del pensamiento humano, determinado este a su vez, principalmente, por las condiciones materiales y tecnológicas.

Thomas Hobbes describió al Estado como un Leviatán, un soberano absoluto y poderoso, equivalente a un “dios mortal”, imperativamente necesario, constituido por un cuerpo organizado de seres humanos con el deber de velar por la seguridad y la paz de una determinada población. Mientras que los anarquistas, conforme a Bakunin, veían en el Estado un aparato represivo de la clase social poseedora de los medios de producción y acaparadora de la riqueza. Lo anterior expone una evidencia clave en el entendimiento del concepto de Estado, su definición se encuentra irremediablemente ligada a la doctrina imperante en el sistema político y económico en el que se establece y opera el Estado.

Es decir, el Estado, a partir de la teoría y de la praxis, no va a ser lo mismo conceptualmente en un país con una economía de mercado planificada donde se tiene un partido político único, como en China, que en un país con una economía de mercado relativamente regulada cuyo sistema político es una democracia liberal, como es el caso casi todos los países occidentales, entre ellos Colombia, por supuesto.

Hay una implicación clave que lleva a una configuración particular del Estado en los países occidentales: mientras la economía y la sociedad funcionan de una manera jerárquica: existen dos clases sociales, una asalariada y una burguesa (y más aún, a su vez, dentro de esas dos clases, hay un número indeterminado de subdivisiones), la democracia, el sistema político, funciona de manera horizontal, dicho de una manera más fácil, en la urna de votación, el voto del hombre más millonario de Colombia, tiene el mismo valor que el de cualquier otro ciudadano, por más vulnerable que sea su situación económica. Ambos valen eso, un voto.

Claro, el que unos, un grupo muy reducido, por cierto, posean propiedades y riquezas a unos niveles mayormente absurdos en comparación con las grandes mayorías, en últimas, resulta en mecanismos de coacción que permean la democracia. Por eso, una sociedad, entre más desigual, menos democrática. Aquí es donde se agrietan los Estados occidentales, porque, al ser un reflejo de la sociedad desigual y excluyente que regente, corre el riesgo de transformarse en lo mismo. Dejando de ser un aparato organizado de poder al servicio de todas las ciudadanías, en especial de las más vulnerables, y transformándose en un instrumento de la imposición de las élites, convertido en fortines burocráticos comandados por tronos burgueses. Y entonces, a los servidores públicos se les olvida que son eso, servidores, y no una encopetada casta administrativa que se codea con los poderosos.

Hay que invertir esa lógica. Y antes hay que invertir la lógica de las ideas que la propician, como el individualismo metodológico o la competitividad como imperativos. Ante el sólo yo, el nosotros; ante la competencia, la cooperación.

Y es acá en donde en la práctica subvertimos esa lógica hacia un nuevo tipo de institucionalidad, y tiene lugar esta apuesta en la Superintendencia de la Economía Solidaria, pues es una entidad al servicio del sector solidario de la economía colombiana, lo que es no solo la decisión de fortalecer otra visión del Estado, sino una por un cambio en el modelo económico. Gracias a la labor incansable de todas, servidores y servidoras públicas, este año entre otras cosas, entregamos una política de supervisión que transforma el modelo tradicional de supervisión, hacia una más preventiva, personalizada y con la aplicación de algo hasta ahora inédito en las superintendencias: enfoques diferenciales en la supervisión, además, nos encaminamos hacia una superintendencia que piensa su labor de Inspección, Vigilancia y Control desde su papel en la recuperación de empresas solidarias, un caso exitoso es la recuperación de la Cooperativa de Andes, la cafetera más grande del país, después de cuatro años en liquidación.

Este año, la empresas de la Economía Solidaria, es decir, Cooperativas, Fondos de Empleados y Asociaciones Mutuales, crecieron en su patrimonio por encima del 9%, lo que demuestra solidez, y para las cooperativas de ahorro y crédito y Fondos de Empleados, los depósitos crecieron un 22%, además de cerca de $800 mil millones colocados desde el sector en crédito productivo y a partir de la articulación institucional entre Ministerio de Vivienda, Findeter y FNG, logramos una nueva línea de crédito para mejoramiento de vivienda sin garantía hipotecaria. Realmente, lo que quisimos desde el principio fue dejar el rol pasivo, de una supervisión reactiva e impulsar desde la misma concepción de otro tipo de institucionalidad el crecimiento de la economía solidaria a través de la Supervisión, asumiendo que somos articuladores y gestores del fortalecimiento de capacidades del sector.

Desde aquí hemos trabajado y lo seguiremos haciendo para, en servicio de la ciudadanía, hacer de Colombia un mejor país. Uno en que la cooperación siga siendo una respuesta clave ante la interrogante de cómo, desde el Estado y la institucionalidad, se le puede hacer frente a uno de los problemas históricos en nuestro país: esa marcada y persistente desigualdad.