Más allá del consumo: el reto de diversificar el crédito cooperativo
El informe Cartera en expansión de la Supersolidaria confirma que el cooperativismo financiero colombiano atraviesa un momento de consolidación y madurez.
Entre 2022 y 2025, las cooperativas de ahorro y crédito expandieron su cartera bruta de $16,19 billones a $19,71 billones, un crecimiento acumulado cercano a 22%, incluso en un entorno adverso marcado por altas tasas de interés, presión inflacionaria y restricciones de liquidez en los hogares. A febrero de 2026, la cartera ya alcanza los $20,02 billones, ratificando que el crédito cooperativo se consolida como uno de los principales canales de acceso a financiamiento formal para millones de colombianos.
Este crecimiento no ha sido accidental. Ha estado acompañado de una apuesta deliberada de política pública impulsada por la Supersolidaria en el marco del Gobierno del Cambio: fortalecer al sector solidario como vehículo de inclusión financiera y democratización del crédito. En esa dirección, se adoptaron medidas concretas para ampliar el acceso al financiamiento de sectores históricamente excluidos. Una de las más relevantes fue la reducción de la provisión general del microcrédito de 4% a 1% en 2024, al igual que la del crédito de vivienda, reconociendo su función productiva y de inclusión, y corrigiendo un castigo prudencial que desincentivaba su expansión. A esto se suma que el microcrédito en el sector solidario no opera bajo la lógica de pérdida esperada, lo que permite un tratamiento regulatorio más consistente con su naturaleza productiva y asociativa.
De manera complementaria, la Supersolidaria impulsó nuevas líneas de crédito orientadas a diversificar la estructura del portafolio cooperativo y reducir su histórica concentración en consumo. Allí se inscriben, por ejemplo, la línea especial de mejoramiento de vivienda desarrollada en articulación con el Ministerio de Vivienda y el Fondo Nacional de Garantías, así como el impulso al crédito asociativo y productivo, acompañado por el lanzamiento de un modelo alternativo de evaluación de capacidad de pago: un scoring alternativo, diseñado para proyectos productivos de asociaciones de base y cooperativas del sector real. Se trata de una innovación clave: pasar de evaluar únicamente al individuo y su ingreso a evaluar también la lógica económica del proyecto, su flujo productivo y su capacidad de generación de valor.
Sin embargo, pese a estos avances, hay un desafío estructural para el sector. La cartera de las cooperativas de ahorro y crédito continúa concentrada mayoritariamente en consumo, con y sin libranza, que en 2025 alcanzaron aproximadamente $4,11 billones y $4,33 billones, respectivamente. Aunque el microcrédito ha mostrado un crecimiento relevante, pasando de $0,87 billones en 2022 a $1,35 billones en 2025, con más de 105.000 operaciones, la estructura del portafolio sigue descansando sobre modalidades de alta rotación, alta demanda y alta sensibilidad al deterioro.
Ese es, precisamente, el punto crítico: seguir compitiendo en el mismo terreno de la banca tradicional -crédito de consumo atomizado, de corto plazo y altamente expuesto al ciclo económico- puede representar un riesgo estratégico para el cooperativismo en el largo plazo. No solo porque comprime su diferencial frente al sistema financiero tradicional, sino porque limita su capacidad de construir una propuesta de valor verdaderamente distintiva, basada en inclusión productiva, encadenamientos económicos y desarrollo territorial.
La transición hacia otras modalidades de crédito no depende únicamente de voluntad regulatoria. Depende, sobre todo, de resolver un problema más profundo: la ingeniería del producto crediticio. Diseñar crédito productivo, comercial, asociativo o de vivienda exige capacidades técnicas distintas a las del crédito de consumo. Requiere otra lógica de originación, otros plazos, otras garantías, otros esquemas de cobranza, provisión, fondeo y gestión del riesgo. Administrar todas las modalidades bajo la misma arquitectura operativa no solo es ineficiente: es un error técnico que termina deteriorando la cartera.
Como siempre lo hemos sostenido, las barreras para impulsar la dispersión de nuevas líneas de crédito desde el modelo solidario exigen capacidad institucional: transformación digital, analítica de datos, nuevos modelos de originación, metodologías alternativas de evaluación de riesgo y una visión estratégica de largo plazo. El futuro del cooperativismo financiero no está en replicar a la banca tradicional a menor escala; está en maximizar las ventajas del propio sector, que recaen en su conocimiento de los territorios y de sus asociados. Está también en construir una arquitectura de crédito propia, más inteligente, más inclusiva y más coherente con la lógica económica de la economía solidaria.
Un dato clave para cerrar es que, de los más de 4 millones de asociados vinculados a las 175 cooperativas de ahorro y crédito del país, apenas 34% mantiene hoy una relación crediticia activa con su cooperativa. Dicho de otra manera: cerca de 66% de la base social aún no accede a productos de crédito dentro del propio sistema cooperativo, lo que revela una de las mayores oportunidades de expansión y profundización financiera del sector. Más que salir a buscar crecimiento exclusivamente afuera, el cooperativismo tiene todavía un enorme margen para crecer hacia adentro, activando financieramente su propia base asociada y convirtiendo esa masa social en el principal motor de dinamismo futuro.
Ese potencial es aún mayor si se entiende que buena parte de esa base social está conectada con economías locales, rurales y productivas que hoy siguen subatendidas. En muchas regiones del país conviven cooperativas de ahorro y crédito con cooperativas productivas, asociaciones campesinas y organizaciones de base que demandan financiamiento, pero que aún no están plenamente integradas a los circuitos de crédito del sector solidario.
Allí hay una oportunidad estratégica evidente: articular de manera más decidida al cooperativismo financiero con el cooperativismo del sector real, especialmente a través de una oferta más robusta de crédito agropecuario, asociativo y productivo. Ese es, probablemente, el siguiente gran salto del sector: convertir el crédito cooperativo no solo en un instrumento de inclusión financiera, sino en una verdadera palanca de desarrollo económico territorial.