¿Qué le dice el PGN de De la Espriella a las regiones?

Otra vez las regiones pasamos a ser un territorio nacional de segunda. Mientras el presidente De la Espriella, con boquitoqui en mano, alardea, como un sheriff (¿el sheriff de Washington?), de combatir el crimen en el programa mediático que le han diseñado, la realidad es bastante distinta. Desde 2021 no se incautaban cantidades de cocaína tan bajas como las decomisadas en lo que va de su gobierno; ya el Dane reportó que la desaceleración registrada por la economía nacional en agosto frente a julio fue estrepitosa (-3,11%), y el Presupuesto General de la Nación (PGN) presentado viene con significativos recortes en inversión. Se estima una caída real de la inversión regionalizada de entre 6,9% y 8,9% en pesos constantes, en la que es un factor determinante el recorte de 40% en los subsidios nacionales (como los de tarifas de energía y las transferencias monetarias de Prosperidad Social), los cuales impactan directamente los rubros que la componen en las zonas con mayor población vulnerable, especialmente en la región Caribe. Una verdadera bienvenida a la Patria Milagro.

Cada uno de estos tres avisos es muy preocupante. A mediano plazo, la disminución de las incautaciones, el recorte en inversión y que Estados Unidos y Europa consideren a Colombia un destino de alto riesgo traerán como consecuencia la desaceleración de la economía nacional, como ya lo vemos, y esto puede derivar, respectivamente, en una espiral de violencia, producto del fortalecimiento de los grupos armados asociados al narcotráfico, y en un duro golpe al bolsillo de la clase trabajadora, por el aumento relativo de los precios de los bienes de consumo y los servicios básicos. Particularmente, el recorte de la inversión en las regiones, en un plazo corto, por no decir inmediato, resulta un fuerte revés para el desarrollo económico y social de los territorios; más aún para departamentos con condiciones históricas que apuntan a estructuras económicas debilitadas y amplios sectores de poblaciones vulnerables, como Magdalena, Chocó, La Guajira o Cauca.
El Presupuesto General de la Nación (PGN) le aplicó un recorte a 22 de los 32 departamentos de Colombia.

Por otra parte, aunque parezca que los recursos destinados a algunos departamentos aumentaron con relación al año anterior, en muchos casos no se trata sino de un “trueque presupuestal”, una estrategia de maquillaje contable en la que el gobierno nacional infla la cifra global de dinero asignada en el papel a una región -lo que genera un incremento en términos absolutos- para mostrar una gestión supuestamente generosa, mientras que por debajo de la mesa recorta drásticamente los recursos de inversión de sectores estratégicos como el agro y reduce el funcionamiento de las agencias sectoriales que ejecutan las obras en el territorio.

El caso del Magdalena es el ejemplo perfecto: aunque su presupuesto de inversión general subió a una cifra histórica de $2,47 billones para 2027, el PGN le aplicó un fuerte recorte al agro y a la educación, en un departamento mayoritariamente rural: le quitó $70.300 millones a esta última, una estrepitosa reducción de 26% con respecto al año anterior, y desfinanció agencias clave para las poblaciones campesinas y veredales, como la Agencia de Desarrollo Rural, cuyos recursos cayeron 14,2%.

De esta manera, el aumento es espurio en términos reales y pasa a ser tan solo una cifra matemática que no educa, ni cobija ni alimenta a nadie. El departamento queda con un presupuesto generoso en teoría, pero desfinanciado en la práctica en sectores clave para el desarrollo productivo y humano de una región que necesita mayor inversión, especialmente en ellos.

Para el Magdalena, un departamento cuya operatividad institucional continúa dependiendo en gran medida de las fuentes de financiación provenientes del gobierno nacional, esta medida es gravísima. Un botón para la muestra: el proyecto de la desalinizadora, solución definitiva al histórico problema hídrico de Santa Marta y cuyos estudios de factibilidad ya se habían realizado, ha sido detenido, lo que frena las ilusiones de los samarios y las samarias de tener acceso digno a un sistema de abastecimiento de agua potable.

Aunque, para el embelesamiento de los sectores más clasistas y conservadores de la sociedad colombiana, el presidente pose de justiciero, insultando a alcaldes y gobernadoras y caminando entre cadáveres, la realidad es que la situación de seguridad en el territorio ha empeorado por cuenta del aumento del narcotráfico y de las disputas entre los grupos armados por el control de zonas.

Y aunque en su discurso haya prometido y repita que el gobierno estará en las regiones, lo cierto es que, en la práctica, han decidido desfinanciarlas. Otra vez sufrimos en el territorio lo que en los centros económicos y políticos deciden las élites oligarcas.