Es una buena noticia que estén llegando al Congreso proyectos para limitar el acceso de los menores a las redes sociales. La iniciativa presentada por congresistas del Centro Democrático propone fijar en 16 años la edad mínima y abre una discusión que Colombia ya no debería aplazar: cómo proteger a niños y adolescentes frente a plataformas diseñadas para captar su atención, recoger sus datos y mantenerlos conectados el mayor tiempo posible.
La prohibición merece una discusión seria. Francia aprobó este mes que los menores de 15 años no puedan abrir cuentas nuevas desde septiembre de 2026 y que, desde enero de 2027, la restricción cobije también las existentes. Australia aplica una regla semejante para los menores de 16 años desde diciembre de 2025.
Hasta ahora, buena parte de la responsabilidad ha recaído sobre las familias, como si cada padre o madre pudiera enfrentar una industria global. Es razonable que las plataformas asuman obligaciones claras: verificar la edad, reforzar la privacidad y limitar mecanismos que fomentan un uso compulsivo. Prohibir, sin embargo, no resolverá todo. Los menores pueden acceder mediante cuentas ajenas, migrar a plataformas menos reguladas o eludir los controles. Por eso, cualquier restricción debe ir acompañada de educación digital, orientación a las familias y responsabilidad de los adultos frente al ejemplo que dan con el uso del celular.
El Congreso tiene la oportunidad de construir una respuesta integral. La edad mínima solo tendrá efectos reales si existen reglas aplicables, autoridades responsables, protección de los datos y sanciones proporcionales.
Este debate también entra al salón de clase. En Bogotá, 25 de los 27 colegios de la Unión de Colegios Internacionales, Uncoli, restringieron el uso de celulares durante la jornada. Un estudio de Stanford, el Banco Mundial, el BID y Uncoli, con más de 11.000 estudiantes, 1.086 docentes y 2.164 familias, encontró que 61% de los docentes percibe mejoras en la concentración y 66% observa mayor interacción durante los recreos. Son resultados preliminares que no permiten afirmar que guardar el celular mejore, por sí solo, las competencias socioemocionales. Pero sí muestran una oportunidad: cuando disminuyen las interrupciones, los estudiantes conversan más, juegan y recuperan parte de la atención necesaria para aprender. La clave está en darle un mejor uso a ese tiempo. Conversar, leer, hacer deporte, participar en actividades artísticas y trabajar con otros también educan. La autorregulación, la empatía, la escucha y la colaboración necesitan experiencias cotidianas, rutinas y adultos disponibles.
Restringir el celular tampoco significa sacar la tecnología de la escuela. Un dispositivo personal saturado de mensajes y notificaciones no cumple la misma función que un computador, una plataforma educativa o una herramienta de inteligencia artificial usada con intención pedagógica. La escuela debe enseñar a contrastar información, proteger los datos personales, comprender los algoritmos y reconocer contenidos manipulados.
Colombia enfrenta una paradoja. Mientras algunos estudiantes viven sobreexpuestos a las pantallas, miles de niños y jóvenes todavía carecen de conectividad estable y de calidad. El próximo Plan Nacional de Desarrollo debería incluir un proyecto que aproveche nuevas tecnologías, incluidas soluciones satelitales, para conectar de manera sostenible las escuelas rurales y las comunidades dispersas. Proteger, desconectar y conectar: verbos que hoy suelen presentarse como dilemas y que en realidad describen una sola agenda: la de un país que decide cuidar a sus menores, recuperar sus aulas y llevar oportunidades a donde todavía no han llegado. Que la tecnología acompañe el aprendizaje, no lo sustituya; que sume al bienestar y que reduzca las brechas, no las profundice.