Anuncios que podrían dejar a Colombia en desventaja en inversiones extranjeras
El presidente Petro ha anunciado su intención de renegociar el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, así como con otros países, enfocándose principalmente en los capítulos relacionados con la protección a las inversiones. Además, instruyó a su Ministro de Comercio, Industria y Turismo a denunciar el Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a la Inversión entre Estados y Nacionales de Otros Estados (Ciadi). Sin embargo, esta decisión no puede ejecutarse unilateralmente, ya que la renegociación del TLC es un proceso bilateral sujeto a procedimientos establecidos en el mismo acuerdo y el retiro de Colombia del Ciadi no es algo inmediato y también tiene un proceso consignado en el Convenio.
Los Tratados Bilaterales de Inversión (BITs, por sus siglas en inglés) son instrumentos diseñados para fortalecer la posición de Colombia como un destino seguro y confiable para la inversión extranjera. Estos acuerdos, negociados, firmados y ratificados de manera soberana promueven y protegen las inversiones recíprocas, ofreciendo certidumbre jurídica a los inversionistas. Colombia ha negociado más de 11 BITs, incluyendo acuerdos con países como Japón, China e India. Estos tratados contemplan mecanismos de resolución de disputas mediante arbitrajes internacionales, como los administrados por el Ciadi, así como otros mecanismos entre ellos la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, conocida como Uncitral por sus siglas en ingles.
El Ciadi, bajo el amparo del Banco Mundial, es la institución líder en la resolución de diferencias relativas a inversiones internacionales. Este foro, reconocido por su imparcialidad y profesionalismo, ha sido adoptado en la mayoría de los tratados internacionales de inversión. Colombia ingresó al Ciadi el 18 de mayo de 1993, depositó su ratificación el 15 de julio de 1997, y el acuerdo entró en vigor el 14 de agosto del mismo año. A través de este mecanismo, los laudos arbitrales tienen reconocimiento global y cumplimiento obligatorio, lo que brinda seguridad jurídica tanto a los Estados como a los inversionistas.
En cuanto a los 18 Acuerdos Comerciales, incluidos los 10 Tratados de Libre Comercio (TLCs) suscritos por Colombia, estos también incluyen capítulos sobre inversión y mecanismos de resolución de disputas a través del Ciadi. Entre ellos destacan los acuerdos con Estados Unidos y la Unión Europea. Los BITs y TLCs no otorgan “prerrogativas” desproporcionadas a los inversionistas extranjeros, como afirmó el Ministro de Comercio en una entrevista reciente. Por el contrario, estos tratados han demostrado ser beneficiosos para el país, como lo reflejan los 18, o más, casos de arbitraje internacional en los que Colombia ha participado: el país ganó 16, incluyendo los emblemáticos casos de Electricaribe y el arbitramento comercial de Reficar vs. CBI bajo las reglas de la Cámara de Comercio Internacional, CCI, pactado en los contratos entre dichas empresas. Este arbitramento represento a Reficar cerca de US$1.000 millones.
Los beneficios de estos mecanismos son claros: permiten la resolución eficiente, imparcial y profesional de disputas internacionales, alejadas de influencias políticas o del sistema judicial local. Los árbitros seleccionados son expertos en derecho internacional, lo que garantiza decisiones basadas en principios legales objetivos. Además, los laudos arbitrales no están sujetos a apelaciones dentro de los sistemas judiciales nacionales, lo que refuerza la confianza de los inversionistas.
Es crucial no confundir el principio de soberanía nacional, entendido como la capacidad de un Estado para definir su ordenamiento interno, con el cumplimiento de los tratados internacionales debidamente celebrados y ratificados, los cuales tienen fuerza vinculante. El respeto a estos compromisos no compromete la soberanía, sino que la fortalece al proyectar a Colombia como un socio serio y confiable en el ámbito global.
Si el gobierno decide denunciar estos tratados de libre comercio o retirarse del Ciadi, el impacto sería devastador para la confianza de los inversionistas y para la política de atracción de capital extranjero. La misma página del MinCIT cuando señala a los BITs, dice: “El ingreso al país de mayores flujos de Inversión Extranjera Directa, IED, de alta calidad promueve la competitividad en el mercado nacional, repercutiendo ello de manera favorable en el consumidor, quien tendrá acceso a productos y servicios de mejor calidad y precio. En ese sentido, la IED contribuye al desarrollo económico a través de una mayor competitividad y apertura de mercados”. Una decisión de renegociar los TLCs y retirarnos del Ciadi solo cerraría puertas estratégicas para la llegada de empresas ancla, la consolidación de Colombia en el comercio global, nos sacaría de ser opción de inversiones bajo el nearshoring, y, expondría al país a tensiones comerciales y posibles retaliaciones de sus principales socios.
El Gobierno Nacional debería actuar con extrema cautela, evaluando a fondo y en consenso con el sector empresarial las graves repercusiones que esta medida podría tener en el empleo, la economía y la posición internacional del país. Tomar una decisión de tal envergadura sin un análisis profundo sería un error histórico que comprometería no solo el crecimiento económico actual, sino también el futuro de Colombia como destino atractivo para la inversión extranjera.