Muy fácil decir recortar, pero ¿qué recortar?

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Comienza a debatirse en el Congreso de la República el Presupuesto General de la Nación de 2027, una buena ocasión para mostrar que el Estado sí juega un rol en la economía, no solo porque constitucionalmente está obligado a dirigirla, sino porque ese gasto es en sí mismo parte de la dinámica económica de consumo, inversión, empleo y crecimiento. Ni la teoría ni la realidad económica han logrado probar el éxito en la desaparición del Estado.

Evidentemente, siempre será necesaria y deseable una política fiscal responsable. Cuatro mensajes en este sentido.

Primero. Estructuralmente, los ingresos del país como porcentaje del tamaño de su economía son muy bajos. Durante años se debatió la importancia de ser parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde) y, ahora que ya somos miembros, no se reconocen sus criterios en materia tributaria: Colombia recauda muy poco, 18% del PIB, lo que recauda está muy concentrado en impuestos al consumo, la mayor parte son regresivos, cobra más a empresas que a personas y se requiere una modernización de la administración tributaria y aduanera.

Segundo. La deuda, también estructuralmente, viene creciendo con fuerza desde 2014, con el colapso en los precios del petróleo. La alta dependencia a los ‘commodities’ ha establecido una fuerte vulnerabilidad macroeconómica durante décadas, impidiendo avanzar hacia una producción de mayor valor agregado. Además, la tasa de los TES crece con fuerza desde 2020, tras la pérdida del grado de inversión. No haber podido conciliar una reforma tributaria en 2024 es un error político, con un costo en la deuda muy alto para todo el país.

Tercero. El gasto es inflexible. Esto se ha mencionado mucho, pero los números no dan cabida al engaño. El servicio de la deuda acapara 20,5% del presupuesto y no se ha dejado de pagar un solo día; el Sistema General de Participaciones es 16% e inflexible según la Ley 715/2001, es decir, no puede recortarse sin reforma constitucional; del funcionamiento, 18% es gasto de personal y de este -aproximadamente- 78% es para fuerzas armadas y rama judicial. ¿A cuál recortarle? La salud es 14% del presupuesto, amparado por mandato constitucional y, por último, hay más de 130 leyes, normas y sentencias que obligan al Estado a pagar. ¿Se van a desconocer? Aquí ya está 93,7% del presupuesto y lo único que tendría discrecionalidad en el recorte es la inversión. Sí, la inversión que tanto se necesita para la transformación productiva y la modernización de la matriz energética, en tiempos del súper Niño.

Cuarto. Imposible desconectar el Estado del resto de la economía. Sin desconocer los retos fiscales, no puede olvidarse que la economía, el agro, la industria, el empleo, las exportaciones, la inversión y el comercio interno están creciendo y que la pobreza está cayendo. ¿No es importante defender estos avances de la sociedad?

El debate estará en cuáles y cuánto será el recorte real que trae el gobierno nacional, cuáles serán los acuerdos políticos con las regiones y los sectores sociales y empresariales que se benefician con la inversión pública y cuáles serán los impactos macroeconómicos si estos recortes llegan a darse. Pero, sobre todo, se deben afinar técnicamente los argumentos sobre la necesidad de una reforma tributaria estructural, aplazada e incumplida en las 19 reformas de los últimos 30 años.