Reconstrucción, pero con producción nacional

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La necesidad de seguir impulsando la producción nacional está más vigente que nunca. Tras el terremoto, la reconstrucción de la infraestructura, las viviendas, el tejido social y económico en las zonas más afectadas generará una demanda de bienes y servicios que se convierte en una oportunidad de crecimiento para las industrias que operan desde Colombia. Sería una torpeza que la reconstrucción se diera -exclusivamente- con bienes importados con “dumping”, mientras en el país el reto social a atender tiene que ver también con emplear a su fuerza de trabajo en las empresas locales.

En este sentido, hace una semana se radicó ante el Congreso un proyecto de ley de competitividad, que trae medidas en materia de licenciamiento urbanístico, ocupación de inmuebles, espacio público, patrimonio cultural y actuaciones notariales y de registro, cuya simplificación administrativa suena bien, pero se debe cuidar que aprobar obras sin los debidos controles técnicos y permisos, y con silencio administrativo sin definir, no ponga en riesgo más vidas. Hay una alerta sobre una planta de materiales, extranjera, que se está construyendo a toda marcha en Tolima, con preguntas sobre las licencias necesarias para hacerlo. Ya se sabe del interés de algunos gremios de importadores y rentistas que buscarían reversar medidas de defensa comercial, siguiendo el modelo de Argentina, que ha causado la quiebra de 30.000 empresas durante el gobierno Milei.

No solo en este punto debe debatirse el proyecto de ley, sino también en las funciones de registro que cumplen el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) y el Instituto Colombiano Agropecuario (Ica), en donde, según el proyecto radicado ante el Congreso, se prevén mecanismos de controles posteriores y autodeclaraciones, pero no se define ningún monto presupuestal para esta agilización de trámites. Actualmente hay un exitoso programa en marcha llamado InvimÁgil, que ha destrabado más de 11.000 registros sanitarios en seis meses en el subsector alimentos. Pero en medicamentos es mucho más complejo y requiere cuidado.

Es sabido que el caso del brote de ciclosporiasis (lechuga iceberg) en Estados Unidos, que ha causado más de 11.000 casos de diarreas severas en 41 estados, se debe a la incapacidad de rastrear a tiempo este tipo de parásitos. Desde la llegada de Trump a la presidencia, el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) ha visto reducido su presupuesto en una cuarta parte.

A situaciones similares nos enfrentamos si el Estado reduce su capacidad técnica y no pudiera hacer que, por ejemplo, el Ica defienda la soberanía sanitaria. Imaginemos que algún país -digamos del norte- ejerza una implacable presión para que se permita la importación de alimentos que pudieran estar comprometidos con enfermedades. El Ica debería actuar y blindar sanitariamente a Colombia, impidiendo dichas importaciones. Aunque suene hipotético, es el día a día y la realidad de esta institución, dirigida hoy por una persona sin ninguna experiencia técnica. Las renovadas alianzas políticas foráneas que algún expresidente de Colombia está impulsando, sumadas a la reducción de la capacidad institucional propia, pueden ser una combinación peligrosa.

En medio de una tragedia como la que sufre el país, con retos del superniño y un nuevo orden económico mundial en construcción, será un error aplaudir la reducción de la capacidad institucional del Estado y eliminar las medidas que incentivan la producción nacional. Se deben defender los avances de política pública que han permitido consolidar un aparato productivo causante -en parte- de la reducción de la pobreza, la desigualdad y el desempleo, y que debe asumir un reto de transformación en Chocó, Valle del Cauca y el Eje Cafetero, entre otros.