40 años han pasado desde aquel 6 de noviembre en que Colombia vio arder la justicia. En pleno corazón de Bogotá, el M-19 irrumpió a sangre y fuego en el Palacio de Justicia y convirtió el templo de las leyes en un campo de guerra. Durante 28 horas, las llamas devoraron expedientes, las balas silenciaron magistrados y el miedo paralizó al país. Ese asalto dejó una cicatriz imborrable en la conciencia nacional.

No hay relato que pueda justificar semejante barbarie. El M-19 planeó y ejecutó el ataque, tomó a más de 300 personas como rehenes, impidió su salida y desató una cadena de violencia que terminó con la destrucción de la institucionalidad. Las investigaciones judiciales, las sentencias y los informes de la Comisión de la Verdad han sido claros en atribuir la responsabilidad inicial a ese grupo armado que decidió desafiar al Estado con métodos propios del terrorismo. Cuarenta años después, muchas familias siguen sin saber dónde están sus seres queridos ni por qué el país parece haber renunciado a exigir toda la verdad.

El M-19, que se vendió como un movimiento romántico y libertario, se convirtió en una guerrilla urbana que secuestró, asesinó y atentó contra las bases mismas de la democracia. Por eso resulta doloroso e inaceptable que hoy el presidente de la República, Gustavo Petro, quien perteneció a sus filas, utilice con frecuencia un discurso que relativiza esa responsabilidad histórica, que siembra dudas sobre la verdad judicial y que, en lugar de invitar al perdón, reabre heridas con la arrogancia del que cree que la historia aún le debe una reivindicación.

Tener en la Casa de Nariño a un excombatiente del M-19 pudo haber sido la oportunidad perfecta para sanar, para decir con humildad que nada justifica la violencia, que la vía armada fue un error moral y político. En cambio, hemos visto a un Presidente que rescata viejas banderas de lucha, que cuestiona la narrativa de la institucionalidad, que desconfía de las Fuerzas Armadas y que, en nombre de una memoria selectiva, se presenta como heredero de una causa que llenó de dolor al país. Su discurso no repara la historia, la distorsiona.

No se trata de no perdonar. Se trata de no olvidar. No se trata de vivir anclados en el dolor, sino de evitar que alguien se atreva a sentirse orgulloso de una lucha que dejó muertos, desaparecidos y ruinas. Cada vez que se glorifica el pasado armado, cada vez que se reescribe la historia como una epopeya de redención, se ultraja la memoria de tantos inmolados en esa oscura página.

Reparar a las víctimas también significa reparar la historia. Reconocer que la democracia no se defiende con fusiles, sino con argumentos; no se conquista por la fuerza, sino por la palabra. Y en eso, el país todavía está en deuda. La justicia ha sido lenta, la verdad incompleta y la memoria, manipulada.

El Palacio de Justicia no fue solo una tragedia del pasado: es un espejo del presente. Cuando la violencia política vuelve a tener justificaciones y el poder parece coquetear con los viejos fantasmas del odio, la herida del 85 vuelve a sangrar. El reto, 40 años después, sigue siendo el mismo: entender que la violencia nunca fue heroica, que el perdón no es olvido y que la verdadera reparación solo llega cuando quienes empuñaron las armas son capaces de decir sin titubeos que se equivocaron.