Hablar de un acuerdo nacional en un país que cada día se rompe un poquito más en la polarización es un buen paso para superar ese lastre. Puede ser el camino para saltarse las barreras que se han construido y que alejan, casi hasta los extremos, al gobierno, a la clase política, a los gremios, a los empresarios, a los campesinos, a las víctimas o a los policías y militares. La polarización nos separa tanto, que nos impide reconocernos y en el borroso espacio de la distancia terminamos por desfigurarnos para que el otro, indeclinable, nos lea como un enemigo más.

Ese acuerdo bebería ayudar a moderar el lenguaje porque en este país se volvió costumbre descalificar al otro, juzgarlo, estigmatizarlo, anularlo moralmente y matarlo emocionalmente. No podríamos negarnos a un acuerdo que busque los máximos consensos posibles, que fortalezca la institucionalidad y el tejido social, que abra el debate y empodere a los ciudadanos, que restablezca la confianza en la justicia y la legitimidad al Congreso; un acuerdo que nos permita planear soluciones y políticas de Estado a largo plazo y no programas coyunturales al antojo del gobierno de turno. Un acuerdo nacional que abra el camino a reformar de una vez por todas la justicia, la política y la salud, pero no bajo el modelo que plantean unos pocos con el poder de una firma en la casa de Nariño, si no bajo el rediseño institucional que necesita todo el país.

Un gran acuerdo nacional, ambicioso, sí. Uno donde estén montados todos los sectores, de todos los colores políticos y de todos los tonos ideológicos. Pero sobre todo un acuerdo que incluya al gobierno, porque aunque la iniciativa proviene del ministro del interior, poco eco ha tenido en las altas esferas de la Presidencia de la República.

¿Por qué un tema tan importante, del que todos hablan hoy, no ha merecido más que tímidos retuit de parte del presidente Petro? ¿Está el mandatario sintonizado con ese acuerdo? Porque a juzgar por una lectura rápida de su Twitter, él sigue cabalgando en el diálogo polarizante, de lucha de clases, y de confrontación permanente. El acuerdo nacional no sólo debe incluirlo, sino que debe partir de él. Debe integrar un compromiso de no estigmatización a la prensa, un principio de respeto y acato a las decisiones judiciales, una obligación moral de no multiplicar noticias falsas y un pacto por no interferir irregularmente en las deliberaciones del Congreso de la República.

Del Presidente para abajo, todos deberían involucrarse. Y es que, si estamos hablando de un gran ACUERDO NACIONAL, ¿dónde está la voz de la Vicepresidenta? ¿Dónde están las propuestas de desarrollo económico de los ministerios de Hacienda o Comercio? ¿ Dónde está la oferta del acuerdo social por parte de ministerios como el de Vivienda o Trabajo? ¿Dónde hay un acuerdo para garantizar la eficiencia y soberanía energética y del Ministerio de Minas? ¿Dónde están los planes sobre la seguridad nacional, la garantía sobre la paz en los territorios y el respeto a la vida de los líderes sociales? ¿Dónde están la guerra frontal contra la corrupción?

Que quede claro, no hay acuerdo en la imposición y el autoritarismo. Todo debería ser fruto del diálogo, del consenso o cuando menos de la posición de la mayoría sin que eso implique anular o aislar a la minoría.