Nos descertificaron. Es la primera vez en décadas que Washington señala a Colombia como un país que incumple sus compromisos internacionales en materia antidrogas. Más allá del simbolismo diplomático, es una bofetada a un Estado que se presenta como faro moral, pero que ha permitido que los cultivos de coca crezcan sin control y que el narcotráfico siga infiltrando territorios y debilitando la institucionalidad.

El fracaso no se explica en un día, pero sí en las decisiones erráticas de un Gobierno que prefirió las consignas al rigor. Petro prometió un cambio de paradigma: menos represión, más sustitución voluntaria, menos glifosato, más desarrollo rural. El resultado, sin embargo, ha sido una política sin dientes y sin rumbo. Las hectáreas sembradas de coca alcanzaron cifras récord, la producción de cocaína creció, los programas de sustitución se quedaron sin músculo financiero y las comunidades siguen dependiendo de un cultivo rentable, aunque se los ofrece el mercado ilegal. El Gobierno bajó las metas de erradicación, y al hacerlo, confundió la comodidad estadística con el éxito político.

Lo más grave es la pérdida de credibilidad. Colombia, que durante años fue presentada como ejemplo imperfecto, pero perseverante en la lucha contra las drogas, ahora aparece ante la comunidad internacional como un país que no cumple ni con lo mínimo. Y la respuesta del Presidente no ayuda: “se acaba la dependencia del Ejército de Colombia a Estados Unidos. No más limosnas ni regalos”. No solo es desafiante, además, confiesa un vacío: el Gobierno no puede exhibir resultados y, en lugar de hacerlo, se refugia en la retórica nacionalista. Nadie discute la necesidad de mayor soberanía, pero una cosa es diversificar la cooperación y otra muy distinta es disfrazar la falta de eficacia con discursos de dignidad herida.

La descertificación puede ser simbólica, pero igual golpeará, como mínimo moralmente, la acción del Estado. Afecta la confianza de inversionistas, genera incertidumbre en los mercados y proyecta la imagen de un Estado incapaz de gobernar sobre su propio territorio. Es también un mensaje devastador para nuestras Fuerzas Armadas y de Policía, que han pagado con sangre la lucha contra el narcotráfico y que ahora sienten que su sacrificio es opacado por la negligencia del poder civil.

Y, sin embargo, no todo es desesperanza. La descertificación puede ser el punto de quiebre que obligue a rectificar. Colombia cuenta con empresarios dispuestos a invertir en proyectos productivos que reemplacen la coca, con alcaldes y gobernadores que conocen mejor que nadie la realidad de sus territorios y con Fuerzas Armadas que, pese a la descoordinación política, siguen mostrando capacidad de combate. La sociedad colombiana ha demostrado una y otra vez que no se rinde frente a la adversidad.

El error es del Gobierno, pero la salida está en el país: en las manos callosas de los campesinos que quieren sembrar algo distinto, en el compromiso del sector privado con la legalidad, en la resiliencia de nuestras instituciones locales y en la disciplina de quienes arriesgan su vida contra las mafias. Esa es la base sobre la cual Colombia puede levantarse. Porque la descertificación es una derrota de Petro, sí, pero no tiene por qué ser la derrota de Colombia.