Este sería el baile de los que sobran, pero se convirtió en el baile de los “Comunes”. Las extintas Farc, los que quedaron después de que muchos regresaron a las armas, al narcotráfico y al terrorismo, ya no se llaman Farc sino Comunes.

Estoy de acuerdo con quienes dicen que el nombre es lo de menos, que es como cambiarse de ropa o incluso, más cliché, los que aseguran que, aunque el mono se vista de seda mono se queda. Pero algo pasó, porque por más de cuatro años los excombatientes y la dirigencia de ese partido se resistieron a cambiar de nombre e incluso lo exhibieron con orgullo. Quienes hoy ven insignificante este gesto, se rasgaron las vestiduras cuando las Farc decidieron seguirse llamando Farc. Yo misma lo hice, era más que indignante. Continuar con un nombre que para millones de colombianos significó el terror, era reivindicar su lucha armada incluso por encima de las víctimas. Era regodearse de los secuestrados, los desaparecidos, las tomas guerrilleras, las generaciones perdidas. Pero es mejor tener hoy un movimiento, con curules en el congreso, merecidas o inmerecidas, que se llame Comunes y no que lleve el nombre de un grupo guerrillero.

Podrá ser una decisión tardía, incluso empujada, más que por convicción, por la necesidad de marcar distancia de Iván Márquez o Jesús Santrich, quienes lideran las disidencias puramente narcoterroristas. Pero quienes conocen la historia recordarán, que aunque fueron pocos, desde el principio, un puñado de exguerrilleros liderado por Timochenko rechazó llamarse Farc. Se autodenominaban “El Partido de la Rosa”, ya después en sus discursos hablaban de la gente del común hasta que finalmente quedo en los Comunes. Hay que reconocerlo, tras el paso de cuatro años todas las cuentas siguen pendientes, pero en este caso ganó la sensatez.

Habiendo dicho esto, esta es la otra parte de la historia: una pequeña indulgencia no borra todos los pecados. Cambiar el nombre de un día para otro no les quita el lastre de décadas. Sigue el verdadero camino: reconocer sus crímenes, no pueden seguir negando el reclutamiento de menores o el abuso de mujeres; tienen que contar la verdad, sus relaciones con la clase política y la dirigencia regional; tienen que ayudar a reconstruir el país, decir dónde están los desaparecidos, entregar las rutas del narcotráfico y apoyar la erradicación de cultivos ilícitos; tienen que reparar a las víctimas, entregar los bienes y pedir perdón. Y lo más importante, tendrán que pagar por sus crímenes, porque por más Comunes que sean, Colombia también espera justicia, incluso en esa desfasada ecuación donde cabe más la impunidad.

Y ahí es donde hay que hacerle un llamado furioso a la JEP. Lo que no puede pasar, es que el nuevo rótulo se convierta en el perfecto capítulo para que las ex Farc se reencauchen electoralmente. No puede ser que otra vez los responsables de delitos de lesa humanidad ocupen curules en el Congreso sin haber sido procesados. Claro, lo que le corresponde a “los Comunes” será demostrar que efectivamente no son ni la antigua guerrilla, ni la actual disidencia. Pero lo que le toca a la JEP es no permitir que un cambio de nombre se vuelva otra vez en la embarazosa demostración de que no pudieron ponerle ni una pizca de justicia al acuerdo de paz, porque si no, los Comunes harán campaña a expensas de su corriente ineptitud.