Va a ser un mes desde que se conoce el informe de Usaid sobre acoso sexual en la Corte Constitucional y nada pasa. Hoy cuando las mujeres víctimas necesitan más que nunca que las rodeen, les brinden garantías y les demuestren que los abusos en su contra le interesan a alguien, lo que han recibido a cambio es silencio e indiferencia.

Aun, en ese ambiente, donde lo que se respira es impunidad, otras mujeres en otras Altas Cortes se animaron a denunciar. Esta vez en la sala disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. Sus testimonios, ya sin el filtro del informe de Usaid, resultaron ser aún más escalofriantes. Victoria -cuyo nombre es un seudónimo porque prefiere proteger su verdadera identidad- me contó, en una entrevista que publicamos en Noticias RCN, cómo trabajar para los magistrados era un infierno. Los funcionarios las obligaban a pasar a las oficinas y encerrarse con ellos; les hacían comentarios incómodos, insinuaciones de doble sentido, las tocaban e incluso les proponían encuentros sexuales.

Y no acceder, significaba para las víctimas caer en una insondable espiral de presiones laborales, humillaciones y amenazas hasta tener que presentar su renuncia. Y dirán muchos: mejor desempleadas que abusadas, pero una conclusión tan simple solo nos hace caer en el mismo tablero de los magistrados, que explotan cobardemente la necesidad de jóvenes que apenas están empezando su carrera profesional, o mujeres que llevan sobre sus hombros la manutención de toda su familia.

Ante estas denuncias en la Corte Constitucional se nombró una comisión de Magistradas que aplicará correctivos en políticas de género. En la judicatura la respuesta fue más tibia: dieron traslado a la comisión de acusación. Pero en ningún caso anunciaron investigaciones internas, quizá porque ya saben hacia dónde apuntan los señalamientos y prefieren seguir de oídos sordos.

Ese mutismo de las cortes, aunque cínico, tendría una explicación: se normalizó el acoso y el abuso. Aparte de tímidas y frías, las reacciones son solo una puesta en escena de quienes quieren aparentar sorpresa e indignación, pero cuya verdadera intención parece ser que nada pase.

Sin embargo, lo que todavía me cuesta entender es el silencio del resto del país. Donde está la comisión de la mujer del Congreso de la República, la Alta Consejería para la Mujer, la red de veedurías de género. Son muchas preguntas que me rondan en la cabeza y solo encuentro una eventual respuesta para ese silencio: el resto del mundo tiene miedo. Nadie quiere enfrentarse a los superpoderosos magistrados.

Para estas alturas las víctimas casi que renunciaron a su derecho de exigir ¿la razón? Quien investigará será la comisión de acusaciones o de absoluciones, como bien se ha ganado su nombre. Ya sin la esperanza de que los magistrados respondan penalmente por los abusos y acosos, lo mínimo que les queda es que haya un escarmiento público. Que por la fuerza de las voces ciudadanas que rechazamos estos hechos, los magistrados que no estén involucrados ni en acoso o abuso, señalen a los responsables, como dicen por ahí el que nada debe nada teme, y que los responsables, si es que les queda un poquito de dignidad, renuncien a sus cargos.