Hoy en el país hay más de 170 con algún nivel de riesgo electoral y al menos 80 en riesgo extremo. No es una cifra para perderse en informes: es la evidencia de que Colombia se acerca a las elecciones presidenciales sin garantías reales para hacer política o para votar en libertad.

En esos lugares, la política no ocurre en igualdad de condiciones. Hay candidatos que no pueden entrar, campañas que no se pueden desplegar y comunidades donde la participación está condicionada por el miedo o por reglas impuestas por actores ilegales.

La consecuencia es concreta: la democracia empieza a distorsionarse antes de que el ciudadano llegue a la urna. Porque el problema no es únicamente si el voto se cuenta bien, si funciona el software o si hay o no ataques al código fuente; es si los ciudadanos pueden votar por quien quieren y no por quien los obligan.

En ese contexto, el asesinato de Miguel Uribe Turbay no puede ser leído como un hecho aislado: cuando matan a un candidato, los demás entienden que hay límites que no están definidos por la ley, sino por la violencia.

A esto se suma un elemento particularmente delicado: la violencia no está afectando a todos los actores por igual. Hay sectores políticos, especialmente de oposición, que enfrentan mayores dificultades para hacer campaña, mayores restricciones de movilidad y mayores niveles de riesgo. Eso rompe un principio esencial de cualquier democracia, que es la igualdad de condiciones para competir.

No hace falta alterar los resultados en las urnas cuando se puede intervenir el entorno en el que esos resultados se construyen. No es necesario hablar de fraude cuando hay territorios donde unos candidatos no pueden entrar y otros sí, cuando hay comunidades donde la participación está condicionada o cuando el miedo reduce la pluralidad de opciones reales.

Colombia ya conoce las consecuencias de permitir que la violencia se infiltre en la política. Por eso resulta particularmente preocupante que, en pleno 2026, el país vuelva a enfrentar un escenario en el que amplias zonas están bajo influencia de actores armados y en el que la respuesta institucional sea la inacción o el silencio.

Lo más grave no es solo que existan estos riesgos, sino que empiecen a normalizarse. Que se acepte como parte del paisaje electoral que haya municipios vedados, candidatos en riesgo y ciudadanos votando bajo presión. Esa normalización es, en sí misma, una señal de deterioro democrático, porque reduce el estándar de lo que debería ser innegociable en cualquier elección.

Si el Estado no logra garantizar la seguridad de quienes participan en la contienda política, difícilmente podrá garantizar la libertad de quienes votan. Y si esa libertad está condicionada, el resultado electoral, aunque formalmente válido, estará destruyendo la democracia.

Aquí no está en discusión únicamente quién ganará las próximas elecciones presidenciales. Lo que está en juego es si Colombia puede ofrecer hoy las condiciones mínimas para que esa elección sea realmente libre. Si la política se ejerce bajo amenaza y la respuesta estatal no alcanza a contenerla, la democracia deja de ser un escenario de competencia abierta y empieza a convertirse en una elección bajo presión.