La confianza como bien público

En economías en proceso de consolidación institucional como la colombiana, la confianza en el sistema democrático no es solo un valor ético o político: es un bien público esencial. La legitimidad de los procesos electorales, su previsibilidad y transparencia, tienen efectos directos sobre la estabilidad política, el comportamiento de los agentes económicos y la percepción de riesgo país. En este marco, el deber del Estado es garantizar que ese bien público no sea erosionado por discursos arbitrarios ni por intervenciones que debiliten la arquitectura institucional que lo sostiene.

Un discurso que genera ruido e incertidumbre

Las recientes declaraciones del presidente Gustavo Petro, en las que desacredita públicamente el proceso de licitación de servicios logísticos para las elecciones y cuestiona directamente, sin sustento probatorio, a la firma Thomas Greg & Sons, introducen una narrativa de sospecha que socava la confianza ciudadana y distorsiona el equilibrio entre los poderes públicos. Más allá del componente político, lo que está en juego es la señal institucional que se envía: cuando el jefe del Ejecutivo pone en duda el proceso electoral, incluso antes de que se haya desarrollado, se debilita uno de los cimientos de la democracia representativa y se introduce una sombra de ilegitimidad anticipada.

El verdadero riesgo: ausencia de garantías en el territorio

Mientras el debate se concentra en una disputa administrativa que debería resolverse mediante criterios técnicos y mecanismos legales, el país enfrenta un desafío estructural mucho más grave: la imposibilidad de garantizar elecciones libres en vastas zonas del territorio nacional. La presencia creciente de grupos armados ilegales, las amenazas sistemáticas a candidatos, las restricciones a la movilización política y la captura de espacios locales por actores violentos, configuran un escenario donde el derecho al voto está siendo condicionado o anulado. Esta es, sin duda, la amenaza más seria al sistema democrático, y exige respuestas concretas desde el aparato estatal.

Costos institucionales y económicos del descrédito

Desde la perspectiva económica, el debilitamiento del sistema electoral puede tener efectos colaterales de gran calado. La incertidumbre institucional desincentiva la inversión, eleva la percepción de riesgo jurídico y limita la capacidad del Estado para ejecutar políticas públicas con visión de largo plazo. En un entorno global en el que la gobernabilidad es un criterio cada vez más relevante para la toma de decisiones económicas, el ruido político interno genera costos reales para la sociedad en su conjunto.

Responsabilidad institucional y madurez democrática

El proceso electoral no debe ser un nuevo campo de disputa ideológica ni un instrumento de confrontación entre ramas del poder público. La responsabilidad del Gobierno es garantizar condiciones de seguridad, libertad y transparencia. Para ello se requiere prudencia en el discurso, respeto por los procedimientos establecidos y compromiso con el orden institucional. Solo así será posible preservar el capital democrático construido en medio de décadas de adversidad.