Estamos pasando la línea: unos se desentienden, otros las ignoran, otros las desprecian y otros definitivamente las pisotean; hablo de las instituciones que tan golpeadas han terminado por estos días en medio de la insaciable reivindicación ideológica de los de un costado, la feroz defensa de intereses particulares de otro costado y el silencio agobiante de los que todo lo ven pasar.

¡Eso no lo podemos permitir! Si hay algo de lo que el país siempre se ha jactado es de la institucionalidad, la misma que impone límites a cualquier aire autoritario de quien esté o haya estado en la Casa de Nariño firmando decretos y dando órdenes o quien esté o vaya a estar por fuera agitando las calles y conduciendo las multitudes.

Son pequeños actos que los vemos como simples pero que se pueden crecer como bola de nieve. El más reciente es ese reclamo del presidente, Gustavo Petro, al Consejo Nacional Electoral por anular las candidaturas de varios aspirantes a gobernaciones y alcaldías.

Decía Petro tras conocerse la decisión contra Rodolfo Hernández que “se ha revivido la tesis de quitar derechos políticos por sanciones administrativas en abierto desacato a la sentencia de la Cidh”. Pero no Presidente, lamento decirle que aquí usted cae en exceso de interpretación sobre esa sentencia. El fallo establece que una entidad administrativa no puede coartar derechos políticos de una persona elegida popularmente, y ahí hay una clara diferencia porque tanto Rodolfo Hernández en Santander, como Patricia Caicedo en el Magdalena o Tulio Gómez en Valle, casos sobre los que usted también se refirió, lo que encontró el Consejo Electoral fueron inhabilidades para presentarse a las elecciones, es decir ellos todavía son candidatos. Pero no sólo eso señor Presidente, no está bien que usted defienda a Rodolfo Hernández, quien tiene tres sanciones ya ejecutoriadas, y termine peleando con la Procuraduría y el CNE; o entonces, ¿cuál es el filtro que se le va a poder aplicar a los candidatos? Bajo la sombrilla de su tesis hasta el mismísimo “hombre Marlboro”, que tiene una condena por narcotráfico en Estados Unidos puede ser candidato, porque aunque sea contraevidente el CNE no puede revocar a nadie. Ahora bien, ese pronunciamiento que parece una simple reivindicación de derechos termina en algo que podría ser más grave: la participación indebida en política. En Santander porque sabe que el rival directo de Rodolfo Hernández es el general Juvenal Díaz y no quiere dejarle el camino despejado; en Valle, no porque apoye a Tulio Gómez, sino porque desprecia a Dilian Francisca Toro; y en Magdalena porque quedó por fuera la hermana de uno de sus grandes aliados políticos, Carlos Caicedo.

Entre uno y otro caso terminamos navegando en la tesis del mal menor. Esto es lo último: por tratar de controvertir la declaración de su hijo Nicolás Petro ante la Fiscalía el Presidente explicó que Euclides Torres sí financió un evento suyo, pero que no fue durante la época formal de campaña. Así parece que hubiera borrado el pecado, pero ojo, hacer campaña por fuera de tiempo también es una irregularidad y constituye un delito.

Es hora de acogerse al silencio prudente, a la resignación sensata y al respeto, porque las instituciones no se nos pueden ir entre el manoseo y el desacato a cada decisión.