Que un gobierno acuda a antiguos comandantes paramilitares para intentar sustentar una guerra política contra sus adversarios y alterar el rumbo de una contienda electoral sería una de las perversiones más graves del poder. No solo por lo que implica utilizar a antiguos delincuentes como instrumentos políticos, sino por la posibilidad de convertir la institucionalidad en una maquinaria para fabricar señalamientos y reescribir la historia electoral del país.

Eso es lo que dejan sobre la mesa las revelaciones del periodista Melquisedec Torres sobre el llamado Pacto de Valledupar. Según los testimonios conocidos, desde el entorno del gobierno de Gustavo Petro se habrían promovido gestiones para obtener declaraciones de excomandantes paramilitares contra Álvaro Uribe, Germán Vargas Lleras y Abelardo de la Espriella. Una denuncia de enorme gravedad que merece el reconocimiento al trabajo periodístico que la reveló al país y que debe ser esclarecida hasta sus últimas consecuencias.

Si se intentó orientar testimonios para perjudicar a adversarios políticos, no estaríamos ante una simple maniobra electoral. Estaríamos ante el riesgo de utilizar el Estado para construir una verdad a conveniencia del poder. La justicia no puede funcionar por encargo y los testimonios de antiguos victimarios no pueden convertirse en armas para destruir reputaciones.

Las revelaciones también obligan a mirar con otros ojos el llamado Tarimazo en Medellín, donde Petro compartió escenario con integrantes de estructuras criminales de la ciudad bajo la bandera de la paz urbana. No está demostrado que ambos episodios respondieran a un mismo propósito, pero lo ocurrido en Valledupar hace aún más necesario esclarecer los objetivos y compromisos de los acercamientos del gobierno con antiguos actores armados.

Lo mismo sucede con el intercambio de sombreros entre Petro y Salvatore Mancuso. Lo que se presentó como un gesto simbólico de paz hoy vuelve a la memoria en medio de unas denuncias que exigen respuestas. No hay pruebas suficientes para afirmar que aquel encuentro encubriera una estrategia política, pero sí razones para examinar, sin ingenuidad y con rigor, las relaciones que se construyeron alrededor de estos procesos.

La paz no puede ser la fachada de una guerra política. Mucho menos puede convertirse en el escenario para buscar delincuentes que respalden acusaciones contra los adversarios del presidente. Si las revelaciones de Melquisedec Torres se confirman, estaríamos ante una instrumentalización inadmisible de las instituciones y de la propia búsqueda de la verdad.

Colombia necesita conocer las actas, las grabaciones, las instrucciones y los compromisos que rodearon estas reuniones. No bastan las negaciones ni las acusaciones cruzadas. Hay que establecer si desde el poder se intentó utilizar a antiguos paramilitares para incidir en la contienda electoral y golpear a los contradictores del gobierno.

Porque una democracia puede sobrevivir a la confrontación política, pero no puede normalizar que quien fue presidente sea señalado de buscar en antiguos criminales los instrumentos para librarla. La verdad no puede fabricarse desde el poder, ni la historia electoral de Colombia puede quedar a merced de quienes pretendan manipularla.