En Colombia hemos transitado en los últimos días de lo inimaginable a lo imposible. Pasamos del decretazo, a la supuesta conspiración para sacar al Presidente… transitamos por el atentado contra un candidato presidencial, por la aventura de una “octava papeleta”, para la Constituyente y por la inexplicable desaparición del Mandatario en Manta, Ecuador. Pero hoy me quiero referir al que para mí ha sido uno de los actos más desconcertantes y reprochables en tiempos de democracia: el presidente Gustavo Petro, subido en una tarima de Medellín, flanqueado por los jefes de las principales bandas criminales del país. No fue un error. Fue una decisión premeditada, calculada y profundamente simbólica.

Para usted lector, quizá sea un hecho viejo, ya pasó hace dos semanas. Porque nos acostumbramos a los escándalos. En un país donde todos los días nos despertamos con algo más grave que lo anterior, preferimos olvidar para dejarnos sorprender por el siguiente episodio, o simplemente, para ya no sorprendernos y evitar el agobio. Pero yo no. Como paisa, no puedo darle la espalda, no puedo pasar la página e ignorar el tema, no puedo deshacerme de la indignación, del temor, de la incertidumbre.

¿Qué mensaje se le envía al país cuando el máximo representante de la legalidad comparte escenario con quienes han sembrado terror? ¿Qué siente el ciudadano que sigue cumpliendo la ley, que paga impuestos, que trabaja con esfuerzo, al ver que quienes han optado por el camino de la violencia reciben reconocimiento y promesas de beneficios jurídicos? ¿Qué sienten las víctimas de estos combos? ¿Cómo les explica el Estado que quienes les arrebataron su paz y su vida ahora se sientan con el Presidente como interlocutores válidos, con el micrófono abierto y la institucionalidad cerrada?

El evento en La Alpujarra fue un terremoto político y simbólico. Desde la tarima, los jefes criminales hablaron de reconciliación, mientras sus estructuras siguen cobrando vacunas, asesinando líderes y sembrando zozobra en los barrios.

Y la justificación cada vez es más vacía. En una respuesta que demuestra más desconocimiento e ingenuidad, que rigor y manejo, el Ministro de Defensa quiso explicar en entrevista con José Manuel Acevedo que ese encuentro fue un esfuerzo de paz. Comparó el episodio con el de hace 25 años cuando los jefes de las Farc se sentaban en el Caguán rodeados de la institucionalidad colombiana. Pero, no hay lugar. Por más reproches que hoy tengamos sobre ese intento de paz, las Farc, eran un grupo subversivo, que gozaba de estatus político y reconocimiento internacional.

Acá simplemente hubo delincuencia. Delincuencia a la que el Presidente no solo sacó de la cárcel, sino que la puso de pie, le dio visibilidad, la validó, la igualó.

Lo que vimos en Medellín no es un proceso de paz como quieren presentarlo. Es mantener la batalla contra la institucionalidad, porque mientras el presidente descalifica a los medios, ataca a los jueces, desprecia al Congreso y persigue a la prensa crítica, se para junto a los jefes del crimen.

Hoy siento rabia, sí. Siento indignación. Siento incertidumbre. Pero, sobre todo, siento miedo. Y no miedo del crimen, que siempre ha estado ahí. Es miedo de ese poder, que ya no sé si sigue con los ciudadanos. Porque cuando el Gobierno está al lado de “los malos”, ¿quién nos queda para defendernos?