El 24 de octubre apareció el cuerpo de Sofía Delgado, una niña de 12 años abusada y asesinada por Bryan Campos, el monstruo que increíblemente se camufló en su vecindario, vivía a media cuadra de su casa y muy a pesar de haber sido procesado por abuso sexual contra otra menor hace varios años, permanecía tranquilo y al asecho. No pasaron ni 24 horas cuando se confirmó otra dolorosa noticia: Alexis Delgado un pequeño de dos años abusado, torturado y asesinado por su tío político, su cuidador y quien junto a su esposa tenían la patria potestad del menor. Este domingo amanecimos con el caso de una pequeña de siete años en Atlántico víctima de todo tipo de vejámenes por parte de sus abuelos: le quemaron el cuerpo, le quitaron las uñas, le tumbaron sus dientes, la golpeaban y la mantenían encadenada. Al día siguiente supimos de la historia de Lyen Moncada en Santander, una menor de 16 años asesinada por su padrastro mientras intentaba escapar de las violaciones sistemáticas de las que era víctima desde que tenía 11 años. Y apenas ayer nos levantamos con otra terrible historia: dos niños de 4 y 7 años asesinados por su propio padre, otro hombre enfurecido que tenía antecedentes judiciales.

Una semana de terror para nuestros niños, días de duelo para nuestro país, horas de angustia, reflexión y sobre todo preguntas: ¿qué nos está pasando estructuralmente como sociedad para que los menores en vez de tener entornos protectores estén a merced de sus verdugos?,

¿cómo hemos permitido que el hogar, ese refugio sagrado, se convierta en el espacio de mayor vulnerabilidad? Y finalmente, ¿cuál es la respuesta institucional? Un Icbf desaparecido, con una observancia indiferente. Un gobierno silencioso, como el que evita porque no le duele o calla porque ni siquiera se da por enterado; y una justicia insensible, apática y más concentrada en resolver el hacinamiento carcerlario que en ofrecer protección, reparación y no repetición a la víctimas. Que debate tan inoportuno el de una reforma a la justicia que establece rebajas en las penas incluso para abusadores y asesinos de menores. No cabe en la cabeza que este proyecto justifique la incapacidad del propio Estado para procesar a los criminales y la resuelva con mayor impunidad. La indulgencia contra los verdugos solo debilita la credibilidad de las instituciones.

La justicia debe ser bastión que garantice que quienes dañan a los niños y traicionan su inocencia y confianza, no hallen condescendencia sino una respuesta severa y ejemplarizante. En lugar de considerar la reducción de penas, deberíamos estar discutiendo el endurecimiento de las mismas y la implementación de políticas que promuevan respeto, empatía y amor.

Pero claro, la respuesta no es solo institucional cuando el problema también es cultural. Nos enfrentamos a una sociedad donde el tejido moral parece quebrarse. Tal vez hemos sido complacientes en la educación de valores y el fortalecimiento de lazos familiares. Nos urge reconocer la responsabilidad compartida, en la que cada familia, comunidad y sistema educativo tiene un papel activo para restablecer la responsabilidad del cuidado colectivo.

Por nuestros niños, esto es una llamada urgente a la reflexión y la acción, un recordatorio de que no basta con lamentar la tragedia, sino que debemos transformar la tristeza en voluntad.