El periodismo siempre ha estado bajo amenaza en Colombia. No es una novedad, aunque esta vez la noticia nos golpee de una manera distinta. Cuando entre los objetivos que aparecen mencionadas está RCN, mi casa periodística, la amenaza deja de ser una noticia que uno cubre para convertirse en algo que inevitablemente siente más cerca.

Pero en medio de esta preocupación quisiera que no perdiéramos de vista a quienes llevan años haciendo periodismo en condiciones mucho más adversas, lejos de Bogotá, sin grandes redacciones detrás, sin la capacidad de activar tantos mecanismos de protección y, muchas veces, sin que el país siquiera se entere de las amenazas que reciben. Son los periodistas de provincia, los que se enfrentan diariamente a los poderes políticos corruptos de sus regiones, a las estructuras criminales, a los intereses económicos ilegales y al fusil de los violentos.

Este año, dos nombres deberían acompañarnos cada vez que hablamos de libertad de prensa: Mateo Pérez, el joven periodista asesinado en Briceño, Antioquia, cuyo cuerpo fue encontrado en una fosa y cuya necropsia reveló la brutalidad con la que fue atacado, y Cristian Herrera, periodista de Cúcuta, asesinado después de más de dos décadas de amenazas relacionadas con su trabajo. Tenía incluso un esquema de protección pero no fue suficiente.

Ellos no son estadísticas. Eran periodistas y representan una realidad que no podemos permitir que se vuelva paisaje: en Colombia todavía hay quienes pagan con la vida el atrevimiento de preguntar, investigar y contar.
La verdad es que aunque hoy sea titular, las amenazas a los periodistas son permanentes y se muestren con distintos rostros. A veces aparecen firmadas por el ELN, las disidencias o el Clan del Golfo. Otras veces no necesitan fusiles ni panfletos: llegan disfrazadas de acusaciones, señalamientos, descalificaciones y estigmatización desde el poder.

Lo vimos cuando el presidente Gustavo Petro llamó “muñecas de la mafia” a las mujeres periodistas, en un discurso público que terminó convirtiendo una descalificación presidencial en munición para el insulto y el hostigamiento en las redes sociales.

Por eso, frente a las amenazas contra RCN, Caracol y cualquier otro medio, la respuesta no puede limitarse a rodear edificios, aumentar esquemas de seguridad o expresar solidaridad durante unas horas. Todo eso es necesario, Pero proteger la libertad de prensa exige mucho más: investigar las amenazas, encontrar a sus responsables, garantizar la vida pero sobre todo, defender el derecho de una sociedad a escuchar distintas voces, incluso aquellas que incomodan al poder.

La libertad de prensa no es un privilegio de los periodistas, es un bien de toda la sociedad. Sin ella no hay debate libre, no hay control al poder, no hay pluralidad y, al final, no hay democracia que resista.
Por eso, ante cualquier amenaza, venga de donde venga y se vista como se vista, nuestra respuesta tiene que ser la misma: más periodismo, más rigor, más trabajo y más vocación. Que el miedo no nos quite las preguntas, que las intimidaciones no nos dicten la agenda y que ningún poder, armado o institucional, consiga decidir qué podemos contar.

Nos podrán amenazar. Pero no pueden quitarnos la razón de estar aquí: contar lo que pasa, incluso cuando más incomoda.