En los últimos días, Colombia ha sido testigo de una alarmante escalada de violencia protagonizada por las disidencias de las Farc, o el EMC, con el status que el mismo Estado le concedió.

El Cauca, Valle y Nariño están bajo ataque y el resto del país en un asedio permanente. Estos actos de barbarie, que han cobrado vidas y sembrado el terror en el suroccidente de Colombia, son una prueba contundente de que ese grupo al margen de la ley no tiene voluntad de paz ¡Es hora de levantar el cese el fuego bilateral!

La paz no se puede construir sobre la base de concesiones unilaterales que no encuentran reciprocidad. El Estado tiene la responsabilidad de proteger a sus ciudadanos y garantizar que las leyes se respeten.

Las disidencias han utilizado esta tregua para reorganizarse, fortalecer sus estructuras y continuar con sus actividades criminales, poniendo en jaque la seguridad nacional. Después de todo ya no hay esperanza, solo ingenuidad.

Y como si no tuviéramos suficiente, en medio de la creciente violencia y la incertidumbre, es preocupante observar la poca claridad del gobierno en las negociaciones. La sensación es que se está perdiendo el control y se permite, sin sonrojo, que los grupos armados dicten los términos de las negociaciones, mientras las comunidades continúan sufriendo las consecuencias de esta violencia descontrolada.

Los hechos violentos no solo son una afrenta directa a la Fuerza Pública y su autoridad, también representan un golpe devastador para las comunidades que, una y otra vez, quedan atrapadas en medio del conflicto.

Esta decisión no solo es necesaria para restablecer el orden y la seguridad

El Gobierno parece no reconocer la realidad fundamental que las disidencias no operan bajo una estructura unificada de mando: entre 60% y 70% de los frentes no están representados en la mesa. Iván Mordisco, que es disidente de las Disidencias, es el comandante con mayor ascendencia en el EMC, entonces, ¿a qué estamos jugando?, y más importante, ¿con quién estamos jugando?

Esta dispersión y la falta de una cadena de mando complican enormemente cualquier intento de acuerdos efectivos. En lugar de abordar este desafío de frente, el gobierno ha optado por una estrategia ambigua, sin mecanismos claros de verificación y cumplimiento. La falta de enfoque ha permitido que el EMC utilice el cese al fuego como una cortina de humo para reorganizarse y fortalecer su capacidad operativa.

Levantando el cese al fuego, el gobierno enviaría un mensaje inequívoco: Colombia no tolerará más violencia ni permitirá que los grupos armados impongan su ley a punta de fusil. Esta medida no debe interpretarse como un rechazo a la búsqueda de una solución negociada conflicto. Al contrario, se trata de reafirmar que cualquier proceso de paz tiene reglas.

El levantamiento del cese al fuego también debe ir de la mano de una estrategia integral que aborde las causas profundas del conflicto, promoviendo el desarrollo económico, la inclusión social y el fortalecimiento de las instituciones en las regiones más afectadas. Solo así podremos construir una paz duradera y justa.

Esta decisión no solo es necesaria para restablecer el orden y la seguridad, también para reafirmar el compromiso del Estado con una paz auténtica y sostenible donde se fortalezca la confianza ciudadana y no la capacidad bélica de los ilegales.
La violencia no puede ser el precio de la paz.