Colombia se salva. Se salva porque no es una resistencia política… se salva porque es una región que no para, que no se arrodilla, que no se queda quieta y que tampoco acepta que la reduzcan a una caricatura útil para la política.

Como lo ha dicho el gobernador Andrés Julián Rendón, la resistencia no es ideológica ni armada, como algunos quisieran instalar desde otros sectores. Aquí la resistencia es otra cosa: es producir cuando hay incertidumbre, es invertir cuando el ambiente espanta, es generar empleo mientras desde el poder se alimenta la desconfianza. Es una resistencia incómoda porque no grita, pero demuestra, y eso es lo que pocos resisten y a muchos molesta.

No es casual que, cada vez que el Gobierno necesita un antagonista, mire hacia Medellín y Antioquia. La señala como cuna del paramilitarismo y del narcotráfico, como si esos males fueran exclusivos de esta tierra. Y no lo son. Son tragedias nacionales. Pero además hay algo que se omite deliberadamente: pocas regiones han hecho un esfuerzo tan decidido por dejar atrás esa historia. Antioquia no la niega, pero tampoco permitiremos que la usen para radicalizar el debate y ganarse votos, graduándonos de enemigos del resto del país.

Y, si me permiten la pregunta, ¿quién es el que hoy quiere darle oxígeno a la cultura paramilitar y narco? Es que no se nos olvida el “tarimazo” de hace un año en La Alpujarra. El presidente dándole la bienvenida y el beneplácito a las bandas criminales herederas de los carteles, al lado de criminales que aún están en la cárcel y que fueron sacados para ese espectáculo. No fue un acto de paz. Fue una escena calculada. Hablar de reconciliación rodeado de victimarios no dignifica a las víctimas, las degrada, mientras provoca y desafía a las autoridades locales.

Y ahora, otra escena en el mismo lugar. Justo después de nuevas acusaciones contra Antioquia, aparece la minga indígena en La Alpujarra. Sin un propósito claro, sin un pliego concreto, sin que nadie explique cómo se financió su llegada. No se trata de estigmatizar a las comunidades indígenas, tienen todo el derecho a movilizarse; se trata de no aceptar que las instrumentalicen en plena campaña. Es que fue el mismo oficialismo el que dijo en una consigna de campaña que la minga debía recorrer el país para favorecer una candidatura presidencial. Ahí ya no estamos hablando de una manifestación espontánea y legítima, sino de una herramienta política, de presión y quizá de desestabilización.

Eso es lo grave. No la minga. Su utilización. Mientras tanto, las decisiones que sí importan toman otro camino. Antioquia ve cómo se frenan o se desfinancian obras clave: el Túnel del Toyo, la autopista Medellín-Bogotá, la vía Pacífico 1, la ampliación del aeropuerto. Infraestructura que no es regional, es nacional. Pero hoy parece depender más de afinidades u odios políticos que de prioridades reales.
Por eso la frase pesa: si Antioquia resiste, Colombia se salva. Porque cuando una región que produce y empuja empieza a ser tratada como enemigo, el problema deja de ser regional.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, lo dijo claro: Antioquia exige respeto, no como reclamo, sino como límite al desprecio, a la negación de un Gobierno que se dedicó a señalar a quienes lo sostienen.