A veces resulta difícil entender los tiempos de la justicia. Y no me refiero a esa que permite que los delitos prescriban por el paso de los días o la falta de investigación, ni a la que deja vencer términos y luego libera a delincuentes, tampoco a la justicia transicional que aún no ha sancionado a ningún excombatiente, aunque ya muchos tenían condenas en la justicia ordinaria. En esta oportunidad hablo de la Corte Constitucional. En los desapacibles tiempos de este Tribunal, donde pareciera que nada pasa mientras afuera todo pasa, reposa discretamente una ley que el país pide a gritos: el código electoral.

Se trata nada más y nada menos que de las reglas de juego que nos regirían para las elecciones de 2022. Una norma que venía a renovar las condiciones electorales, que por cierto son las mismas desde hace 35 años.

Hace un año con bombos y platillos, Congreso, Gobierno, Registrador y Consejo Electoral anunciaban la nueva ley como la panacea para modernizar el sistema político en el país. Aunque no es precisamente la respuesta a todas las inquietudes, sí trae avances importantes en participación.

El proyecto fue radicado con mensaje de urgencia por el Gobierno Nacional y como la cuestión era de tiempo, el Congreso concilió en sesiones extras. Las cuentas daban para que en junio la norma pasara su examen de constitucionalidad. Pero no valió ni la prisa del Gobierno, la premura del Registrador o la acucia del Congreso.

En la Corte son de oídos sordos y ojos ciegos. A estas alturas, por lentitud, negligencia y tal vez indolencia la Corte aún no se pronuncia. Y la espera ya no da para más: este sábado 13 de noviembre corre el calendario electoral con el inicio de inscripción de candidatos al Congreso, pero a la Corte poco le interesa, allí siguen en su silencio impresentable. Ahora quedan tres caminos y ninguno es poner en vigencia la ley: el primero, que después la Corte lo declare exequible, pero con la salvedad de que todo aplicará desde 2023; el segundo, que lo declare inexequible por vicios de trámite al interpretar que una ley estatutaria no puede aprobarse en sesiones extras; y el tercero, que es el más probable y el más decente, que se pronuncie después de la elecciones.

Si ya aguantamos lo mucho, esperaremos lo poco.

En todo caso se perdieron oportunidades valiosas para establecer sistemas de modernización con el voto electrónico, el voto anticipado, mecanismos para promover la participación de los jóvenes, nuevas garantías electorales, restricción a financiación de campañas y depuración del censo. Pero si hay algo a lo que definitivamente se le dio un portazo fue a la posibilidad avanzar en equidad de género. El código electoral establecía la paridad en las listas al Congreso, mitad hombres y mitad mujeres. Una medida criticada por muchos que aseguran que las cosas se ganan por mérito, y sí, pero seamos realistas, hay muchas mujeres con mérito que ni siquiera llegan a aparecer en el tarjetón. Las listas paritarias se alzaban como una posibilidad para ampliar la representación en el Congreso que hoy apenas alcanza el 19%.

La Corte, que tanto se ufana de proteger los derechos, esta vez puso una sombra sobre las elecciones ante la expectativa de que entren en juego unas nuevas reglas y la ilusión, que terminó en frustración, sobre las listas equitativas.