Al doctor Arley Arce le suena la alarma. Son las 6 de la tarde y debe alistarse para salir a trabajar, hoy le toca el turno de las 7 de la noche en el hospital Ismael Roldán en Quibdó. Carga, no solo con la preocupación de su esposa y sus tres hijos que cada día lo ven ir y venir con una tristeza distinta, sino con su propio temor, que ya no es ni siquiera contagiarse; su verdadero miedo es que alguien más muera en sus brazos sin poder hacer nada. Lleva la cuenta, ya van siete.

Llega al hospital y se alista. Son las 7 y 3 minutos, hay ocho pacientes con síntomas respiratorios esperando. Dos están muy graves, una mujer de 60 años y un hombre que no tiene más de 40, ambos necesitan ser remitidos a una UCI. En el Ismael Roldán no hay, así que el doctor Arce llama al San Francisco de Asís.

Mientras espera una respuesta los pone en una camilla, les practica la prueba de covid-19, les pone oxígeno y antibióticos. A las 11 de la noche la mujer no da más, empieza un cuadro de paro respiratorio y muere. Y aunque él puso todo su empeño, la historia se repite y su miedo se vuelve otra vez realidad. Ya van ocho.

Hace todo lo posible para salvar vidas, aunque la de él y su familia se están hundiendo. Le deben tres meses de salario, como muchos médicos en el país, trabaja con las uñas y como todos está sometido a la estigmatización.

En Chocó está pasando lo que más temíamos, el sistema de salud se desbordó, los médicos no dan abasto, los pacientes se están muriendo en la calle y el personal de salud ni siquiera tiene que decidir a quién dejar conectado a una unidad de cuidados intensivos, porque ya no hay unidades de cuidados intensivos.

Como si fuera poco, todo está acordonado por un sistema corrupto, que tiene al departamento en un atraso inmenso. Les puedo hablar de educación, pobreza y servicios públicos, pero les voy a dejar sola una vara para medir: en medio de una pandemia donde todas las personas que mueren por el virus deben ser cremadas por protocolo sanitario, en Chocó no hay horno crematorio.

La proyección es que haya 10.000 contagiados en menos de un mes. Una cifra difícil de manejar en un departamento dónde los 10 ventiladores que envió hace una semana el Gobierno Nacional ni siquiera han podido ser armados porque necesitan 70 profesionales de la salud para operarlos. Y no hay con qué pagarles.

Sí las cosas siguen así, la gente se va a seguir muriendo, no en una camilla esperando un cupo en una UCI, sino en la calle sin poder entrar al hospital. Y tampoco hay donde enterrarla: el cementerio de Quibdó ya dio aviso que no tiene espacio para más de 50 muertos.

Pero volvamos la corrupción. La más reciente sorpresa se la llevó el gobernador encargado Jefferson Menna, quien encontró una bodega oculta por la que el gobernador suspendido Ariel Palacios pagó $60 millones para guardar durante 10 meses 15.000 litros de alcohol que habían sido donados. Los tenía escondidos, quizá, para utilizarlos como arma electoral. Igual que cientos de mercados que nunca se registraron en la contabilidad oficial y que permanecían en la que fue su sede de campaña.

Chocó se quedó sin aire. El abandono estatal que siempre había sido evidente, hoy cobra vidas. Las mismas que el doctor Arce y sus compañeros tratan de salvar. Y aunque el coronavirus contagia y mata, allá ya saben que la corrupción es la madre de todos los males.