Deisy Guanaro tenía 10 años cuando las Farc la reclutaron, literalmente se la arrancaron de los brazos a su mamá, que con lo que pudo luchó, pero no lo logró. Se la llevaron para escribir una de las historias más desgarradoras que alguna vez haya escuchado. Deisy hoy es una mujer de 38 años y su relato es tan duro que cuesta incluso repetirlo.

Cuenta cómo, con apenas 10 años, aún sin desarrollarse, la sometieron a la primera tortura: le implantaron un dispositivo anticonceptivo de cobre en su útero. También cómo presenció una violación colectiva en la zona de distensión, cuando Sandra Ramírez puso a desfilar en ropa interior delante de los comandantes a niñas de 11, 12 y 13 años. A ella la escogió Pablo Catatumbo y la violó.

Y la de Deisy es una de las historias que caben dentro de un número que debería quitarnos el sueño: 18.677 niños y niñas que fueron reclutados por las Farc.

Dieciocho mil seiscientas setenta y siete. No son expedientes. No son estadísticas. No son un dato para una presentación institucional. Son niños a los que les cambiaron los juegos por fusiles, la escuela por la guerra y, en demasiados casos, la inocencia por la violencia sexual.

Por eso, hoy, cuando la polémica está servida, la pregunta que me hago no es solamente cuántos casos ha abierto, cuántas versiones ha recibido o cuántos autos ha expedido. La pregunta es mucho más sencilla: ¿qué sienten las víctimas?

Porque ellas denuncian bienes que no han sido entregados, desaparecidos que siguen sin aparecer y aportes de verdad que consideran insuficientes. De victimarios sin justicia, y de respuestas con cinismos.

La JEP responde que su trabajo no puede medirse con el reloj de la justicia ordinaria. Alejandro Ramelli, su presidente, insiste en que investigar décadas de conflicto y llegar a sanciones dentro de un modelo de justicia transicional requiere tiempo.

Hay que escuchar ese argumento. Pero también hay que escuchar a Deisy. La JEP nació con una promesa enorme: verdad, justicia, reparación y no repetición, y poner en el centro a las víctimas.

Ocho años después, es legítimo preguntar si esa promesa se está cumpliendo para quienes más la necesitan. Y hay otra pregunta que tampoco puede esquivarse: ¿cuánto nos está costando?

La senadora María Clara Posada ha cuestionado las cifras del presupuesto de la JEP: Defensa jurídica de las Farc: $40.365 millones. Arrendamiento: $114.202 millones. Operador logístico (eventos): $31.374 millones.

Poco para muchos, pero demasiado para víctimas que se ahogan en una promesa de reparación, porque defender la JEP tampoco puede significar que las preguntas de las víctimas sean inconvenientes.

De hecho, quizá el mejor argumento para defender la existencia de esa jurisdicción sea precisamente demostrarle a una mujer como Deisy que su dolor no se perdió en un expediente. Ramelli dice que las víctimas, por primera vez, están haciendo sentir su voz y que la JEP no espera un “comité de aplausos”.

Está bien. Entonces escuchemos esa voz. Escuchemos a Deisy, a Vanessa, a Yudy, a Lina. Escuchemos a las mujeres que fueron abusadas. A los niños que fueron reclutados. A los padres que todavía buscan a sus hijos. Escuchemos y reparemos a conciencia esas heridas.